Hoy hace justo un año, Mamen Sánchez recibía de manos de su compañera de partido Carmen Collado el bastón de mando de la Alcaldía, un gesto con el que iniciaba su segundo mandato al frente del Ayuntamiento jerezano. Aquel pleno solemne se celebraba en un ambiente más tranquilo que el de cuatro años antes y en unas condiciones relativamente más favorables para la regidora.

En esta ocasión no era necesario el apoyo de los partidos de izquierdas. Ahora bien, en las semanas previas intentó reeditar aquel acuerdo de investidura de 2015 en un intento de garantizarse algo más de tranquilidad en un nuevo mandato en minoría donde estaba llamada a seguir llegando acuerdos con la oposición.

Eso sí, a última hora lograba que Ganemos Jerez firmara un nuevo acuerdo. La agrupación de electores, que en las elecciones se había llevado un importante varapalo, se garantizaba el compromiso de acometer un largo paquete de medidas y, de paso, mantener una representatividad en órganos municipales que no tenía asegurada.

Adelante Jerez (la coalición liderada por Podemos e Izquierda Unida) optaba en este caso por votar a su candidato y, de este modo, no tener las manos atadas. No tenía necesidad de condicionar su voto al sostenimiento de una alcaldesa socialista que sí necesitó de su apoyo en 2015 (por entonces IU iba por separado y Podemos era uno de los pilares de Ganemos).

Días después, Mamen Sánchez daba a conocer el reparto de delegaciones. Laura Álvarez, que ya había sido uno de sus grandes apoyos durante el anterior mandato, reforzaba su papel de número dos asumiendo la compleja Delegación de Economía y la ‘joya de la corona’, el Circuito de Velocidad, dos puestos que había dejado libres Santiago Galván con su marcha a la Alcaldía de Zahara de la Sierra. José Antonio Díaz también ‘ascendía’ al asumir la Delegación de Urbanismo y mantener el control de las contratas municipales.

Precisamente, uno de los primeros cambios producidos en este mandato vino con la llegada de la nueva empresa que gestiona la limpieza pública. El gobierno pudo vender un nuevo gestor para un servicio reforzado en presupuesto. Diez meses después, se avecina una nueva negociación de un convenio colectivo, un momento delicado que, quiera o no, acabará implicando al ejecutivo.

Como marca la normativa de las entidades locales, entre las primeras decisiones que debe adoptar una nueva corporación es la del reparto de asignaciones y de sueldos. En esta ocasión fue más complicada que la del mandato precedente ya que el gobierno planteó una subida salarial, por cierto, negociada en los mismos días que denunciaba públicamente que no tenía dinero para asumir la parte de los planes de empleo que no cubre la parte de la Junta.

Finalmente, logró sacarla adelante (un 8% de media) gracias a Ciudadanos a cambio de que hubiera más liberados y cargos de confianza para casi toda la oposición. Al PP se dejó fuera del reparto, una circunstancia que denunció en el Juzgado. Este acabó anulando el acuerdo, aunque el fallo está recurrido. Pero si por algo ha destacado el primer año de mandato es por las dos crisis que ha tenido que afrontar el ejecutivo. Sin duda, la de mayor calado, y de imprevisibles consecuencias, es la pandemia del coronavirus.

La alcaldesa, en el pabellón Kiko Narváez, donde se coordinan las donaciones de empresas a familias necesitadas.

El ejecutivo presume que fue uno de los “primeros” ayuntamientos que adoptó medidas en estos complicados momentos. Ahora bien, en materia fiscal ha habido poco margen para aplicar bonificaciones (solo las ha habido con veladores, puestos del mercado de abastos y de mercadillos) ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la conocida como ‘Ley Montoro’, no se lo permite a las entidades locales como el Ayuntamiento de Jerez, que se encuentran intervenidas por Hacienda. Sí, aplicó una moratoria del pago de impuestos municipales con una ampliación de los plazos de pago, aunque no está autorizado a hacer rebajas, por el momento.

Por este motivo, la alcaldesa se apresuró a enviar una carta a la ministra María Jesús Montero solicitándole que le permitiera una suspensión temporal del plan de ajuste municipal, el documento económico que establece las medidas para aumentar los ingresos y los gastos. Tres meses después, no ha habido respuesta de Madrid, aunque la regidora la excusa alegando el enorme “trabajo” que tiene el Gobierno central, aunque asegura que habrá medidas de apoyo a las entidades locales.

Pero aún está por conocer el impacto que la crisis económica generada por la pandemia provocará en la ya de por sí maltrecha economía municipal. Una primera estimación habla ya de pérdidas de 1,5 millones por la no celebración de eventos, aunque esta cifra puede quedarse corta en próximos meses. De hecho, esta pandemia cogió al Ayuntamiento en conversaciones con Hacienda por tratar de salvar el presupuesto aprobado a principios de año con el apoyo de Adelante y Ganemos.

El Ministerio, al igual que en presupuestos precedentes, ha vuelto a cuestionar las previsiones contables alegando que pecan de optimistas, en el caso de los ingresos, y que no cumplen con los parámetros de contención, en el caso de algunos gastos. En ejercicios precedentes (salvo en 2019 ya que renunció a presentar), el ejecutivo salvó los muebles y los recortes exigidos inicialmente no acabaron siendo tan drásticos, un escenario que el gobierno aspira a repetir.

Los plenos se celebran actualmente de manera telemática.

Mientras, el gobierno se ha apresurado a sacar a licitación un paquete de obras para “reactivar la economía”, entre la que se encuentra la polémica reurbanización de plaza Esteve que le ha llevado al enésimo enfrentamiento con la Junta de Andalucía desde que gobiernan PP y Ciudadanos. Asimismo, ha sacado pecho del incremento de ayudas sociales y de haber coordinado las donaciones que han realizado las empresas en el pabellón Kiko Narváez.

Antes de que se supiera lo que es el coronavirus, el gobierno tuvo que afrontar otra crisis nunca antes conocida. En la madrugada del 2 de octubre se vino abajo el sistema informático municipal tras un ciberataque. El Ayuntamiento se paralizó durante más de tres semanas al no poder realizar ninguna gestión que requiriera de soporte informático. Aunque se alegó que un ataque de estas características es difícil de evitar y que el Ayuntamiento contaba con los sistemas de protección necesarios, desde entonces se ha procedido a la compra de nuevos ordenadores y a la adopción de nuevas medidas en materia de seguridad.

Pero, con coronavirus o sin él, lo que sigue sin cambiar es la falta de diálogo entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y, por extensión al PP, el principal grupo de la oposición. El PSOE vio en el ‘caso Saldaña’ (la detención del edil por conducir ebrio y golpear a tres vehículos que estaban estacionados cerca de su casa) el momento idóneo para anular a su principal detractor. La continuidad del edil al frente del partido, aunque relegado de sus anteriores atribuciones en Diputación, será un ‘filón’ que esta formación no va a desaprovechar en los próximos meses, contribuyendo así al ya de por sí inexistente entendimiento de ambas formaciones.

Las obras de plaza Esteve han sido otro punto álgido en los reproches del ejecutivo hacia la Junta. Ahora bien, tras la reunión del pasado viernes, la alcaldesa ha rebajado el tono y ya habla de buscar una salida negociada cuando hasta el día anterior hablaba de intromisión en las competencias municipales por parte del organismo autonómico. Y también ha expresado su convencimiento de que el Museo del Flamenco de la plaza Belén estará para 2023. Ahora bien, esto ha sido un paréntesis en un enfrentamiento continuo que ha tenido otros frentes como los planes de empleo o el fallido centro de innovación del motor.

Eso sí, más allá de polémicas entre administraciones, al gobierno le toca ahora lidiar con una crisis económica de consecuencias imprevisibles. Está por ver hasta qué punto el Ayuntamiento puede aguantar un previsible incremento de los gastos sociales en un contexto desfavorable y en una ciudad que vuelve a tener más de 32.000 parados, aunque por el momento esta cifra esté contenida por los centenares de ERTE que aún siguen vigentes.