La Delegación de Urbanismo ha impuesto hasta el momento tres multas coercitivas al propietario de la construcción situada en las inmediaciones de la venta La Cartuja que está edificada sobre un espacio protegido junto al río Guadalete. Así lo afirma el máximo responsable de esta área municipal, José Antonio Díaz, quien niega que el Ayuntamiento no haya adoptado medidas disciplinarias en este expediente tras conocerse que el colectivo Ecologistas en Acción ha denunciado a dos empleados municipales en el Juzgado por una presunta inanición estos expedientes.  

En declaraciones a este periódico, el edil señaló que, en este caso, se decretó la orden de derribo, aunque esta fue recurrida por el propietario en el juzgado. Finalmente, la decisión del Ayuntamiento fue ratificada en vía judicial. Teniendo en cuenta que no procedía al derribo, Díaz explica que se ha seguido el procedimiento que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (Loua) por lo que se está procediendo a la imposición de multas coercitivas mensuales mientras no cumpla con la orden. Hasta el momento, se han impuesto tres por un importe de 12.000 euros cada una (es el 10% del valor de lo construido).  

El delegado de Urbanismo señala que el Ayuntamiento no puede proceder por su cuenta al derribo hasta que no imponga la duodécima multa coercitiva. “Estos son procedimientos completamente reglados y garantistas”, afirma.  

Por este motivo, considera que la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista es “desproporcionada” puesto que “no ha habido omisión por parte de la Delegación de Urbanismo. Asimismo, defiende a los dos empleados denunciados: “Solo buscan manchar la imagen de dos excelentes trabajadores de la Delegación de Urbanismo que llevan mucho tiempo haciendo una labor impecable”.  

Sobre las construcciones realizadas en la ribera del río, José Antonio Díaz aseguró que hace unos años se decretaron varias órdenes de derribo. Casi todas fueron demolidas por sus propietarios.