El conflicto de las casas de San José Obrero continúa. Esta misma semana, vecinos algunos vecinos de la calle Santa Catalina acudieron a la Policía Local "para que les quitara las vallas y puntales que la constructora de las nuevas viviendas les había puesto en su fachada trasera", apuntan los afectados. 

"Según el representante de la constructora/cooperativa de estas viviendas cuentan con el permiso del Ayuntamiento para poner un muro que tape las puertas y las ventanas" a estos vecinos, "cosa que se contradice con el PGOU, que especifica que no se puede construir a menos de tres metros, y menos cuando algunos vecinos tienen sus ventanas registradas en urbanismo y pasadas por el registro de la propiedad. Cómo pretenden taparlas si ha sido el propio Ayuntamiento quien las ha legalizado".

Los vecinos han intentado ponerse en contacto con el abogado de la cooperativa "para llegar a un acuerdo y hemos sido ignorados". Los afectados quieren proponer que si en la parte de atrás de las viviendas "va a ser una calle de paso, pues compartirla con la nueva promoción. Desde la delegación de Urbanismo siempre nos han hecho creer que ahí iría una calle. Hay imágenes y testigos, incluyendo la asociación de vecinos". Se refieren a una parcela privada aledaña a sus viviendas, en la calle Ermita de Cuatrovitas, donde actualmente se está edificando una nueva promoción.

Los vecinos dicen estar dispuestos "a compartir los gastos que conlleve la calle, pero no se les quiere escuchar ni por parte de la cooperativa ni por parte del Ayuntamiento, que en este caso se lava las manos y en dejadez de sus funciones, deberían leerse el código penal, permiten que el resto de vecinos mantengan sus puertas y ventanas abiertas".

"No se entiende que en una misma calle y misma fachada, sólo haya algunas puertas y ventanas ilegales, ¿el resto no? Si urbanismo hubiese cumplido con la ley hace tiempo, antes de vender a la constructora, tendría que haber regularizado esas puertas y ventanas, de toda la calle, y ahora los vecinos no se encontrarían enfrentados a particulares que no quieren saber nada del perjuicio que les van a ocasionar", aseguran los afectados.

"Al final tendrá que ser un juez el que ponga cordura y cada uno tendrá que cumplir con la ley, pero el Ayuntamiento también tendrá que dar cuentas de por qué durante todos estos años ha animado a estos vecinos a arreglar fachadas en las que muchos han gastado mucho dinero, ha permitido abrir puertas y ventanas y ahora no quiere saber nada del asunto", concluyen los vecinos.