La Fundación Centro de Acogida San José logró pasar los días más complicados de la pandemia sin tener ni un solo caso positivo. Sin embargo, desde hace meses hay algo que no marcha bien en estas instalaciones.

Tal como se ha evidenciado con varias protestas, hay una guerra abierta entre la plantilla y la dirección, respaldada esta última por el gobierno municipal. Tanto es así que el comité de empresa ha presentado una denuncia ante Fiscalía por lo que podría ser presuntamente un delito contra la salud pública.

Sin embargo, el ejecutivo socialista ha querido este jueves “tranquilizar” a los usuarios y familiares “poniendo en valor”, una vez más, la gestión de la Fundación Asilo San José. A juicio de la edil de Mayores, Carmen Collado, detrás de este conflicto simplemente está “la negociación del convenio colectivo”, algo que a su juicio “no puede ser motivo para enturbiar una labor impecable tanto de la dirección como de la plantilla”, ha asegurado en un comunicado.

Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las del comité de empresa que ya recalcó que “no se nos ha escuchado pedir absolutamente nada en pro del convenio, así que pedimos que no se utilice de excusa de cara a la opinión pública para defender lo indefendible”.

Tampoco la oposición parece estar contenta con la gestión que se está llevando a cabo en el centro desde la dirección, con el respaldo permanente del propio gobierno. El primer partido en denunciar deficiencias en el asilo fue el PP. La edil Chari López, patrona de la Fundación, denunció a principios de mayo que “Mamen Sánchez ha dejado sin EPI a los trabajadores del asilo San José mientras gasta más de 15.000 euros en vídeos de autobombo”. Un extremo que desmintió desde el primer momento Carmen Collado acusando al PP de difundir bulos. No obstante, fueron trabajadores del propio centro los que difundieron en redes sociales la falta de material alertados "por la propia dirección del centro", según reconocen los afectados.

Al margen de esta disputa política, lo cierto es que ahora está en manos de Fiscalía desvelar si hubo o no algún tipo de irregularidad en el centro durante la pandemia. Según el comité, “presuntamente, la dirección de la empresa no actuó de manera eficiente contra el coronavirus al permitir que el personal de la Fundación se haya estado encargando del lavado/desinfección de sus uniformes de trabajo en sus domicilios particulares, en contra de las directrices impuestas por la empresa de prevención de la Fundación para la prevención de la Covid-19, cuando la empresa tenía medios para encargarse de hacerlo”.

Tras conocerse la denuncia, Carmen Collado ha reiterado, a través de un comunicado, que “los profesionales responsables del centro en todo momento han seguido las indicaciones sanitarias que llegan al comité de salud de la Fundación y que de todas las medidas adoptadas se ha informado al comité de salud laboral, incluida la medida de la limpieza de los uniformes de la plantilla. Por ello, desde el inicio del mes de marzo se puso a disposición de la plantilla el servicio de lavandería, ya que proporcionar estos medios es la obligación que tiene que cumplir la empresa y se está cumpliendo”.

En este sentido, la edil ha señalado que desconoce “los términos en los que se ha realizado la denuncia a la Fiscalía, creemos que va en el sentido de que no se ha obligado ni coaccionado a los trabajadores para que no se los lleven a casa para lavarlos, pero esa medida no nos consta que esté en vigor en ningún centro sanitario ni sociosanitario”.

El problema, según la versión y denuncia del comité, es que desde la Inspección de Trabajo se incidió “textualmente” en “que ‘el empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de la ropa de trabajo y los equipos de protección, quedando rigurosamente prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin’”. Aun así, el comité alega que, aunque la empresa colocó contenedores para este fin, “la dirección en ningún momento informa de la obligatoriedad de depositar la ropa de trabajo en los contenedores habilitados para su desinfección y deja la decisión al libre criterio de cada trabajador”.

A pesar de todo ello, la delegada Carmen Collado cree que simplemente los representantes de los trabajadores han cumplido “la amenaza que desde hace tiempo llevaban haciendo de acudir a Fiscalía si no se cesaba a la directora”, destacando que “han pedido su cese por escrito, en redes sociales y por otras vías”.

Críticas de la oposición

Tras conocerse la denuncia en Fiscalía, el PP de Jerez ha pedido explicaciones al gobierno local, en concreto a la alcaldesa Mamen Sánchez como presidenta de la Fundación. “Solicitamos un informe a este grupo municipal de las acciones que, como presidenta de esta Fundación y, por tanto, máxima responsable de la misma y del asilo, ha tomado y llevado a cabo tanto entonces, durante la pandemia, como ahora tras la denuncia de los trabajadores”.

El PP no es el único partido que ha pedido explicaciones. También IU ha denunciado este miércoles pasado la “manipulación” que existe en el asilo San José “para proteger a la dirección”. La coalición de izquierdas considera que a los patronos se les está trasladando “una información parcial con objeto de ratificar la gestión de la dirección frente a las críticas de la plantilla”.

Igualmente, la coalición Adelante Jerez (que forman IU y Podemos) ha mostrado días atrás su apoyo “sin fisuras” a la plantilla del asilo San José. Lo ha hecho anunciando que desde la formación buscarán “respuestas a todas las cuestiones” que les ha planteado el comité y “denunciarán cualquier irregularidad”,