Que la Justicia no está bien valorada entre la sociedad no es algo que coge desprevenido a nadie. La imagen que tiene de administración desfasada, mas cercana al siglo XX que al XXI en el que nos encontramos, y alguna que otra frase polémica que muchos alaban y le dan razón, como la famosa "la Justicia es un cachondeo", del exalcalde Pedro Pacheco, no han contribuido, precisamente, a lavar esta imagen.

Otro de los grandes problemas que presenta es su lentitud, algo que se debe a la enorme saturación de trabajo que presentan las sedes judiciales. Los profesionales de la Justicia están comprobando cómo en los últimos años en los juzgados entra cualquier asunto, por nimio que sea. De hecho, ya es normal encontrar en los juzgados casos de personas que buscan resolver una simple riña entre vecinos, algo que, tal y como está la administración de sobrecargada, resulta insostenible.

Es por ello que los jueces decanos ya han planteado la oportunidad de abrir un debate sobre la reintroducción de tasas judiciales para acomodar la litigiosidad formal a la real en todos los órdenes jurisdiccionales, con el objetivo de evitar precisamente estas reclamaciones abusivas, reiterativas, innecesarias, banales o carentes de fundamento. "No se trataría de establecer un sistema de copago, sino simplemente tasas pedagógicas o disuasorias en situaciones concretas", señala Juan José Parra, juez decano de Jerez.

Eso sí, los decanos puntualizan que quedaría a salvo el derecho a la asistencia jurídica gratuita, partiendo de la premisa que "la Administración de Justicia es un bien escaso, cuyos procesos judiciales suponen un enorme coste social y económico".

En este sentido, los magistrados también consideran que sería conveniente que el Consejo General del Poder Judicial efectuara un estudio "lo más exhaustivo posible" acerca del coste económico de los procesos judiciales, en especial los de menor cuantía (juicio verbal civil, procedimiento abreviado en el ámbito contencioso-administrativo, juicios de faltas...). De hecho, actualmente se estima que el coste medio de un procedimiento de este tipo le cuesta a los contribuyentes alrededor de los 1.300 euros. Así y todo, hay que tener en cuenta también lo que supone movilizar a testigos, policías o peritos, algo que, aunque no cuesta dinero, sí supone un enorme esfuerzo (y, por qué no decirlo, un verdadero incordio) a estas personas.

"Es necesario concienciar a los ciudadanos del enorme lastre que significa para el Estado y para la sociedad misma el tramitar asuntos de escasa entidad en los juzgados y tribunales, que además privan al juez de un tiempo precioso para otros asuntos de mayor relevancia", razona Juan José Parra.

Estas y otras medidas (en total 31) las han recogido los jueces decanos de toda España en el marco de una reunión nacional anual -la número 21-, que ha tenido lugar en Vitoria.

Para el decano jerezano, la valoración de este congreso "ha sido muy positiva, porque la gente ha estado muy participativa. Somos conscientes del grado de preocupación que tiene la gente y lo que queremos es intentar agilizar y hacer una Justicia más eficaz. Cuánto más pronto se resuelvan los problemas de los ciudadanos, mejores beneficios vendrán para todos".

Estas medidas, señala el decano, "van dirigidas al ciudadano, al Consejo General del Poder Judicial y al Estado a través del Ministerio de Justicia para que haga lo hay que hacer. En el fondo es lo que opinamos los jueces decanos que se debe de hacer, y además existe una enorme coincidencia con lo que el Consejo tiene en mente y con lo que han dicho los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional".

Entre otras de las propuestas planteadas en la reunión nacional y que destaca el juez Parra se encuentra la reducción y la agrupación de los partidos judiciales en uno sólo único, ya que el mantenimiento de los actuales "resulta antieconómico y aunque se pretenda, no pueden compararse los medios con que cuentan las capitales de provincia con los de los partidos que existen en la misma. De nada vale tener un partido judicial en una ciudad si luego no cuenta con medios y no es eficaz".

Igualmente, los jueces también solicitan que el tres por ciento del presupuesto general del Estado sea destinado a la Justicia y que dicha partida sea gestionada por el Consejo General del Poder Judicial , que debería ser el "órgano vertebrador de la justicia en España".

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información a la Administración de Justicia y la creación de nuevas plazas de jueces fueron otras de las conclusiones a las que llegaron los jueces decanos.

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