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Jueces y fiscales de Jerez, convocados a una huelga de tres días de duración

La convocatoria se ha iniciado este martes y se extenderá hasta el jueves

Se han suspendido algunas vistas orales durante la jornada de este martes

El Ayuntamiento de Jerez cede a la Junta de Andalucía los suelos para la futura ciudad de la justicia

Exterior de la sede judicial de la avenida Alcalde Álvaro Domecq. / Manuel Aranda

Jueces y fiscales de Jerez están convocados desde este martes a secundar una huelga que se extenderá hasta el jueves por los cambios legislativos que promueve el Gobierno central para modificar el acceso a estos puestos. Según, las asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI)— y por dos dos de fiscales —la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han fijado en un 75% el seguimiento en esta primera jornada en todo el país. No se han hecho públicos datos correspondientes a los distintos partidos judiciales.

No obstante, este medio ha consultado a distintos actores judiciales quienes han señalado que, por el momento, la huelga en las sedes jerezanas se está desarrollando con relativa "normalidad" . Ahora bien, una de las fuentes consultadas señala que ya se han producido algunas suspensiones de vistas orales —hasta el momento se desconoce el número— que estaban previstas para esta jornada de martes en algunos juzgados de primera instancia de la ciudad. No obstante, no ha trascendido el seguimiento de magistrados y fiscales con plaza en el partido judicial que han secundado la convocatoria.

En torno a las dos de la tarde de este martes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informaba de que no está recopilando datos de participación en la huelga convocada por las asociaciones al incidir que no la tiene por anunciada en respuesta a una petición del Ministerio de Justicia de que le informase sobre el seguimiento. No obstante, sí apuntaba que tiene constancia de que el Gobierno central está dirigiéndose a los secretarios de gobierno de los órganos judiciales para que soliciten a todos los letrados de la administración de justicia "una relación de las actuaciones y señalamientos con celebración prevista en estos días y que se suspendan por inasistencia de los jueces y magistrados".

La protesta, que no está respaldada por dos asociaciones de corte progresista (la de Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales), está motivada por los cambios legislativos que está promoviendo el Gobierno central en el acceso a la carrera judicial y fiscal. Las asociaciones que han promovido este paro de tres días consideran injustificada la reforma al entender que esta suponen una injerencia política y "comprometen gravemente" la separación de poderes y la autonomía del ministerio fiscal. Denuncian, además, que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

La huelga ha estado marcada en los días previos sobre el pronunciamiento que realizó el Consejo General del Poder Judicial sobre la legalidad de este paro tras una solicitud realizada por el Ministerio de Justicia. En ella, el pleno del Poder Judicial aprobó por unanimidad que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello. Posteriormente, la Fiscalía comunicó también que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".

Tras esto, las asociaciones convocantes decidieron continuar coin la huelga y establecieron unos servicios mínimos vinculados a garantizar el servicio de guardia cuando haya actuaciones con detenidos, medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáveres, medidas cautelarísimas en el orden social, contencioso-administrativo y mercantil, medidas provisionales con hijos menores, medidas de protección en materia de violencia de género o resoluciones relativas a penas privativas de libertad, entre otras.

Los jueces y fiscales jerezanos ya realizaron una concentración el pasado 11 de junio a las puertas de los juzgados de la avenida Tomás García Figueras para protestar por estos cambios legislativos.

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