Stéphane Richard, presidente director general de la teleoperadora Orange y ex jefe de gabinete de Christine Lagarde en su etapa de ministra de Economía de Francia, fue detenido en el marco de la investigación sobre el caso de indemnización al empresario Bernard Tapie. Richard dirigía el gabinete de la entonces ministra de Economía, Christine Lagarde, cuando se produjo el arbitraje al que se recurrió para sellar el litigio abierto por la venta de Adidas y que acabó concediendo en 2008 a Tapie, ex propietario de la marca deportiva, una indemnización de 403 millones de euros.

El directivo deberá responder sobre el papel y la responsabilidad del Ministerio de Economía en la decisión de recurrir a ese proceso en vez de acudir a los tribunales ordinarios para resolver el contencioso que desde hacía una docena de años enfrentaba al Estado francés con el empresario. Los árbitros estimaron entonces que el hombre de negocios no había recibido un trato leal del entonces banco nacionalizado Crédit Lyonnais, tras despojarle de la empresa Adidas a mediados de los años 1990.

Junto a Richard ha sido arrestado Jean-François Rocchi, ex presidente del Consorcio de Realización (CDR), la estructura pública que gestionó el pasivo de ese banco. Estas dos detenciones se producen diez días después de que uno de los tres árbitros que decidió conceder al empresario esa cantidad, Pierre Estoup, fuera imputado por fraude en banda organizada.

El actual ministro de Economía, Pierre Moscovici, anunció que el Estado se va a constituir "en las próximas horas" como "parte civil", con el objetivo de tener acceso al dossier y de garantizar que no se vean afectados los derechos del contribuyente. "Se trata de representar al Estado, de representar al contribuyente, de representar al ciudadano ahora que se han dado nuevos elementos", indicó.

Lagarde, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), había comparecido una semana antes ante la Corte de Justicia Republicana (CJR), el órgano competente para juzgar a los ministros. En su caso, no obstante, se le adjudicó la consideración de testigo asistido, un estatuto legal que refleja que los jueces no encontraron suficientes pruebas contra ella por los delitos de malversación y complicidad en falsificación, pero que deja abierta la puerta a una acusación posterior si aparecieran nuevos indicios. Lagarde siempre ha sostenido que no recibió presiones de la Presidencia francesa para decantarse por el arbitraje, sino que le parecía el mejor mecanismo para resolver el caso, y Richard mantiene igualmente que en esa época "todo el mundo estuvo de acuerdo".