La reclamación de una deuda de 63.000 euros, de la que la Agencia Tributaria hace responsable al Ayuntamiento de Barbate de no haberla practicado en la nómina del interventor municipal, José Ramón Salas, desde el año 2016, ha llevado a este funcionario público a defenderse en un escrito, donde en su punto tres abre una serie de dudas sobre el abono de una serie de facturas.

Así, en el documento remitido por Salas, éste expone que “En cumplimiento de la obligación que me impone, en el ejercicio de mis funciones, el artículo 5 del Real Decreto 424/2017, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público, voy a proceder a dar traslado al órgano jurisdiccional competente, Fiscalía Provincial, de una serie de facturas sobre las que existen indicios racionales de responder al pago de deudas personales y no a trabajos realizados para el Ayuntamiento de Barbate como lo ponen de manifiesto los distintos jefes de los departamentos”, que asegura “no tienen constancia de dichas obras”.

Según sigue el escrito, “Dichas facturas han sido firmadas y autorizadas por el alcalde y conocidas por la Delegada Municipal de Hacienda y Recursos Humanos”, puntualizando que “Ya no tengo miedo a perder injustamente mi puesto de trabajo como interino, ya no tengo miedo a que me ocurra lo mismo que a la Secretaria General (sufrir una depresión y crisis de ansiedad que le mantuvo durante un año de baja laboral y derivada de la presión sufrida por el ejercicio de sus funciones), ya no tengo medio al lema ‘estás conmigo o estás contra mí’ y ya no se va a impedir más que inicie el Plan Anual de Control ni a realizar los informes de control permanente que establece la ley, pese al escaso personal con el que cuento, dos administrativos y Técnico, pues el personal de Tesorería realiza sus funciones propias, mientras otros departamentos como Urbanismo cuenta con más de diez personas”.

En otro momento de su escrito manifiesta que “lo único que pido es respeto a mis funciones, que no se me pida que asuma responsabilidades que no me corresponden y que se aprendan mis funciones para evitar que se siga diciendo ‘el interventor tiene la culpa o el interventor no quiere’ yo no soy el Tesorero, yo no formo parte del equipo de gobierno y por tanto, no gestiono ni estoy para dar soluciones, resumidamente estoy para informar si los actos se ajustan a la normativa, fiscalizar los mismos y llevar la contabilidad del Ayuntamiento”.

Este paso dado por este trabajador ha tenido respuesta por parte del alcalde, Miguel Molina, quien ha expresado que ha revocado ante la Junta de Andalucía la plaza de interventor, para que esta persona deje de prestar sus servicios al Ayuntamiento de Barbate.

Molina asegura que se muestra tranquilo sobre el posible pago de unas facturas que no tienen que ver con el Ayuntamiento. En este sentido expone que no ha firmado ningún decreto que no lleve el informe positivo del Interventor o de los jefes de los distintos departamentos. Según expuso, se trataría de un mandamiento de pago por valor de 5.000 euros, que “no ha sido abonado”.

Desde el PSOE han ido más lejos y han pedido directamente la dimisión del alcalde. Así, la portavoz de esta formación política, María Dolores Varo, expone que “existen indicios de que alguien del Ayuntamiento ha pagado con dinero de esta Administración, o sea dinero público a través de facturas presuntamente falsas una deuda personal, de él o ella”. Esta acusación, según el PSOE es “tan grave que, o se intenta explicar por el alcalde, o creemos que debe dimitir inmediatamente”.