El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha decidido apartarse del procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas por altos cargos de la entidad con la contratación de una póliza de seguros de prejubilaciones y la asignación de importantes sumas de dinero entre los beneficiarios, además de por otras hipotéticas irregularidades en determinados cursos de formación.

Toda vez que el pasado mes de septiembre la magistrada titular del juzgado de instrucción dio traslado a las partes personadas en esta causa para que formulasen escrito de acusación o solicitasen el sobreseimiento, el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha decidido apartarse del caso y no ejercitar ningún tipo de acción legal como acusación particular al entender que "de lo instruido, no se desprende actuación delictiva alguna".

En un escrito remitido al juzgado, el Consorcio de Bomberos argumenta que, de acuerdo con la declaración del perito judicial, "los investigados no pudieron obtener ningún beneficio al no haber cobrado mayor cantidad en concepto de pensión de lo que les hubiera correspondido si no se hubieran efectuado las aportaciones a la entidad Aviva (empresa con la que se contrató la póliza)".

Los investigados, entre los que se encuentra el que fue presidente del Consorcio Andrés Beffa, "ni siquiera son beneficiarios de la póliza de seguro cuestionada, ciñéndose los fondos del Consorcio aplicados a la citada póliza al cumplimiento con las exigencias del Acuerdo Regulador en cuanto al Plan de Previsión Social Complementaria del que son beneficiarios todos los bomberos del CBPC", prosigue el escrito remitido recientemente a la jueza instructora.

Del mismo modo, el consorcio gaditano expone  que "no ha sufrido perjuicio alguno por la contratación de cursos de formación, tal y como indicó el perito judicial". 

"Las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer en la tramitación de la contratación de seguros con la empresa Aviva y con la contratación de cursos de formación sólo podrían suponer irregularidades de carácter administrativo", argumenta el Consorcio Provincial.

Por último, el organismo concluye que "no consta en el expediente ningún documento que acredite nombramiento irregular alguno de las personas que han resultado investigadas". 

Si bien el Consorcio de Bomberos de Cádiz ha optado por no seguir adelante en este procedimiento judicial, aún queda por saber qué pasos dará la Fiscalía de Cádiz y la acusación popular ejercida por el Sindicato de Bomberos de Cádiz (SBC). Fue precisamente este sindicato el que en mayo del 2013 denunció la contratación de una póliza de seguros donde se observaron irregularidades en la asignación de cantidades desorbitadas de dinero entre los beneficiarios tras la firma del Acuerdo Regulador 2008-2018 entre el sindicato CCOO y el Consorcio, además de irregularidades en los cursos de formación.

Esa denuncia inicial desembocó en la Operación Flama, desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que emitió un informe donde se aseguraba que el procedimiento de contratación de la póliza se había realizado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento exigido por la ley.