La Diputación de Cádiz ha remitido un escrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el que argumenta la imposibilidad de acceder a la petición de la Junta de Andalucía de ofrecer datos de familias en situación de emergencia social por parte de los Servicios Sociales Comunitarios para incluirlas dentro de su programa de tarjetas monedero. Esta postura coincide con la de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp) y con la del Consejo Andaluz de Profesionales de Trabajo Social.

El escrito, firmado por el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, solicita que se retire la propuesta tal cual se ha lanzado o se reformule para que respete el marco normativo de las competencias de las entidades locales.

También requiere que desde la Junta de Andalucía se aumente la dotación presupuestaria para los Servicios Sociales Comunitarios, que no se debilite el sistema público, que se reduzca la burocracia de los procedimientos administrativos para poder acceder a recursos sociales y que “se garantice una atención social normalizadora e integradora a las personas, que no reste autonomía a las administraciones locales ni se reste competencias a los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios”.

Con esta respuesta, la entidad provincial quiere mostrar un “contundente apoyo” al Consejo de Trabajadores Sociales, ya que considera que el plan de la Junta y su programa de tarjetas monedero “chocan frontalmente con las competencias fundamentales de los Servicios Sociales Comunitarios”, según explicó el diputado de Bienestar Social.

La Diputación explica que hasta ocho líneas argumentales desarrolla el escrito contrarias a este procedimiento de cesión de datos a la Consejería, entre las que se incluyen la Ley de Protección de Datos, “asunto delicado por la naturaleza especialmente sensible de esta información de familias vulnerables y a la que pondrían tener acceso terceras personas ajenas a la administración pública”; la falta de un marco normativo que avale esta petición; o la pérdida de competencias en el proceso de ayudas sociales por parte de las administraciones locales.

La Diputación sostiene que esta iniciativa requeriría de un proyecto normativo, como exige el artículo 57 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, conocida como LAULA. Y que también podría contravenir la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Además, la Diputación tiene dudas ante el trasvase de datos personales de alta sensibilidad, que pueden incluso “ser cedidos a entidades del voluntariado, lo cual podría contravenir la muy restrictiva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales”. Todo ello para incorporarlos a un proyecto denominado Historia Social Única Electrónica de Andalucía que aún no se encuentra aprobado.

David de la Encina afirmó ayer que este plan desvirtúa el valor de los servicios sociales comunitarios. “Dejan de ser”, dijo, “el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades y garantía de la universalidad y proximidad en el acceso a asesoría y ayuda. Y no se cumple el mandato legal de que la valoración de las situaciones de urgencia sólo puede llevarse a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios”.

La Diputación también expone sus reparos al proyecto “por la pérdida de valor del informe social como documento de referencia para el acceso a ayudas sociales, el papel que ha de adoptar el voluntariado o el hecho de encomendar la gestión de ayudas a sociales a personas ajenas a la administración pública”.