El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Jiménez, y la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, presentaron ayer en Castellar la Proposición No de Ley que mañana se debatirá en la Cámara Andaluza para apostar por el mantenimiento en manos públicas de la finca La Almoraima. El PSOE considera que se trata de "un patrimonio que el Gobierno del PP pretende privatizar en contra de los intereses de la comarca y de las reivindicaciones de los agentes económicos y sociales".

En una visita realizada ayer a la propia finca junto a representantes comarcales y provinciales del PSOE, Mario Jiménez planteó la necesidad de "mantener el carácter público de una finca con un enorme valor medioambiental pero también con una gran riqueza desde el punto de vista económico". A su juicio, su privatización supondría "convertirla en un cortijo con muy poca capacidad de generar riqueza y empleo. Sería una tierra de manos muertas, no una tierra productiva, y una tierra incapaz de estimular el desarrollo económico de la comarca en la que se asienta".

Jiménez dijo que la proposición presentada por PSOE e IU persigue garantizar la pervivencia de La Almoraima como un patrimonio público, "su enorme valor medioambiental" y su potencial desde el punto de vista económico.

La proposición, explicó, responde a "dos organizaciones políticas que, en el ámbito andaluz, creemos que es indispensable que se mantenga el carácter público de la finca, porque sólo así se preserva la riqueza medioambiental y el desarrollo económico de este municipio y de esta comarca".

"Queremos que ese frente que las dos organizaciones planteamos en el ámbito regional tenga su continuidad en el ámbito provincial y en el municipal. Confiamos en que el alcalde [Juan Casanova, IU] esté en esa posición de defensa de lo público y sea coherente con la posición que mantiene su organización", señaló Jiménez.

El portavoz del Grupo Parlamentario aseguró que la Proposición No de Ley "no se presenta por capricho, ni con ánimo de confrontación", y que nace del convencimiento de PSOE e IU de que "se puede parar un pelotazo, un intento de hacer una operación especulativa con el patrimonio de todos los andaluces".

La finca recibió "más de 10 millones de euros de inversión a través del Plan E durante el Gobierno del presidente Zapatero, que ahora no pueden pasar a manos privadas", dijo Jiménez. "Sólo la propiedad pública y la planificación que de una finca como esta haga la Administración es garantía de lo que tenemos que proteger: el medio ambiente y el desarrollo económico y el empleo de los ciudadanos".