El Ayuntamiento de Rota ha puesto ya cifra al convenio marco que este municipio quiere firmar con el Gobierno central para compensar la servidumbre militar de la Base Naval de Rota. El montante que Rota plantea cobrar del Estado se elevaría hasta los 3,5 millones de euros al año, una cantidad que ahora analizará la Administración estatal antes de tomar un pronunciamiento definitivo al respecto.

Este montante económico parte de una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento roteño y que viene a complementar las negociaciones que el gobierno municipal de Rota y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantienen desde hace ya casi dos años y que, en teoría, deberían culminar en la firma de ese convenio marco por el que esta localidad gaditana viene suspirando desde hace más de 30 años.

La referida auditoría externa fue encargada a la empresa AFI Consultores de Administraciones Públicas y sus conclusiones fueron expuestas ayer en el transcurso de una reunión de la junta de portavoces. Ahora sólo resta que el pleno municipal ratifique esta auditoría para darle oficialidad a esta reclamación.

En base a diferentes parámetros económicos, esta auditoría ha venido a cuantificar cuánto es el dinero que deja de ingresar al año el Ayuntamiento de Rota tanto por la población militar flotante que trabaja en la Base y que no tributa en la localidad roteña como por las edificaciones que se llevan a cabo en el interior del recinto militar sin que dichas actividades económicas supongan ingreso alguno a las arcas municipales.

En concreto, la auditoría considera que en Rota hay en torno a 12.000 personas -sobre todo militares de Estados Unidos, España y de la OTAN- que pese a vivir en la Villa roteña no pueden empadronarse en este municipio. Esta cifra, siempre según este estudio económico, debería incrementar de manera notable la partida que Rota percibe anualmente en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE).

En paralelo, la auditoría ha hecho un cálculo aproximado de todas las obras que se acometen en el interior del recinto militar, unos proyectos que no precisan de licencias municipales, que no pueden ser fruto de un seguimiento por parte de los técnicos del Ayuntamiento y por los que, además, sus promotores no tienen que pagar impuestos municipales. En este punto las miradas se centran en conceptos como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y sobre todo el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

El Ayuntamiento de Rota defiende desde hace décadas que el cobro de estos impuestos le corresponde por derecho, un argumento que logró incluso el respaldó de la Justicia en más de una ocasión. Ello animó al Consistorio -gobernara el partido que gobernara- a compensar parte de esta deudahistórica durante años dejando de pagar parte de sus tributos al Estado.

Cuando esta auditoría sea aprobada en el pleno, el Ayuntamiento de Rota la pondrá sobre la mesa en las negociaciones que la alcaldesa, Eva Corrales (PP), y el primer teniente de alcaldesa, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), mantienen desde hace ya dos años con el Gobierno central. Este diálogo fluido ha posibilitado hasta ahora que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permitiera a Rota cobrar de nuevo el impuesto de circulación de vehículos de la Base, una tasa que fue suprimida en el año 2011 por orden estatal y que el año pasado posibilitó el ingreso en las arcas municipales de 1,2 millones de euros por los ejercicios de 2011, 2012 y 2013, más otros 400.000 euros del año en curso.