El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado las penas impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a dos de los seis condenados por secuestrar y torturar a cinco hombres en Chipiona en septiembre de 2019 tras la desaparición de un alijo de droga, unos episodios violentos que acabaron con el asesinato de una de las víctimas.

Así, tras desestimar el recurso presentado por dos de los procesados, el dueño de la vivienda donde sucedieron los hechos y el conductor de una furgoneta desde donde arrojaron en marcha a los secuestrados malheridos, la Audiencia ha confirmado la pena de prisión de más de 30 años para cada uno.

Este caso fue juzgado en la Audiencia Provincial por un jurado que declaró culpable de los hechos a los seis acusados por delitos de detención ilegal, lesiones con instrumento peligroso y tenencia ilícita de armas. Además, a uno de ellos se le sumó un delito por conducción temeraria y a otro, el autor de la puñalada que acabó con la vida de uno de los secuestrado, un delito de asesinato.

El jurado dio por probado que los seis condenados secuestraron a cinco hombres y les propinaron numerosas palizas por la desaparición de un alijo de droga. Los amordazaron y maniataron para luego golpearlos con bates de béisbol, palos y navajas, además de con escopetas y pistolas. Tras horas de torturas los metieron en una furgoneta "todavía atados, amordazados y con los ojos tapados con cinta de embalaje". Uno logró soltarse las manos y recibió un navajazo en el pecho.

Posteriormente, fueron arrojados del vehículo gravemente heridos, el apuñalado aún con vida, en la carretera A-480 entre Chipiona y Sanlúcar. El suceso tuvo su origen en lo que en el argot policial se conoce como un vuelco, es decir, narcos que roban a otros narcos.

El propietario de la casa de campo en la que fueron secuestradas y torturadas las cinco víctimas fue condenado por la Audiencia de Cádiz a una pena de dos años y medio por cada uno de los seis delitos de detención ilegal, además de cuatro años de prisión por cada uno de los tres delitos de lesiones con instrumento peligroso, otros dos años y seis meses por un delito de lesiones con instrumento peligroso y dos años más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas en concurso con un delito de tenencia ilícita de armas de fuego (arma larga).

Por su parte, el conductor de la furgoneta que fue detenido tras una persecución policial fue condenado a tres años y medio por cada uno de los seis delitos detención ilegal, además de cuatro años y medio de prisión por cada uno de los tres delitos de lesiones con instrumento peligroso, otros cuatro años por un delito de lesiones con instrumento peligroso, dos años más de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas prohibidas en concurso de normas con un delito de tenencia ilícita de armas de fuego (arma larga) y un año y tres meses por conducción temeraria.

Este fallo fue recurrido por el abogado de ambos alegando falta de fundamentación racional del veredicto del jurado en lo que se refiere a su participación en los hechos descritos como autores, un argumento que ha sido desestimado en su totalidad por el TSJA, que ha ratificado la resolución dictada por la Audiencia.

El triple de la máxima

Aunque la sentencia de primera instancia recoge las elevadas penas impuestas a los seis condenados, especifica claramente cuál será el máximo de cumplimiento efectivo para cada uno de ellos en virtud del artículo 76.1 del Código Penal, que estable que la condena (real) del culpable no puede exceder del triple del tiempo que se le imponga por la más grave de las penas en que haya incurrido, es decir, no puede permanecer en prisión por más tiempo que el triple del establecido para la condena más larga.

Así, el responsable del asesinato cumplirá como máximo 30 años de cárcel. Los otros tres encausados condenados por propinar palizas durante horas a las víctimas en la finca en Chipiona estarán privados de libertad, a lo sumo, seis años. Por su parte, el dueño del chalet donde se cometieron las torturas, cómplice de todo lo ocurrido, se enfrenta a 12 años de prisión, mientras que la persona que se encargó de trasladar a tres de los secuestrados en una furgoneta y arrojar sus cuerpos desde el vehículo en marcha para después huir estará en la cárcel 13 años y medio máximo.