Provincia de Cádiz

La juez amplía la acusación en el caso de los aceites usados de Puerto Real

  • Ya están investigados todos los ediles del PA que formaban la Junta de Gobierno Local en la pasada legislatura. Les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa.

La juez que dirige el caso de los aceites usados de Puerto Real ha ampliado el auto dictado en junio de 2015 para añadir la acusación contra cuatro ex concejales del Partido Andalucista en la anterior legislatura, por su presunta participación en un delito de prevaricación administrativa. Son los ex ediles Flores Domínguez, Francisco J. Traverso, Jesús Plaza y Manuel Jesús Izco.

La denuncia fue presentada por la Asociación de Gestores de Residuos (Geregras) después de que el Ayuntamiento firmase un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal. Eso, en la práctica, impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad y fue entendido por Geregras como un acto que vulneraba la libre competencia de mercado, además de las posibles irregularidades que pudiesen haberse dado en la concesión.

La querella se formalizó hace más de dos años y fue en junio de 2015 cuando se dictó el auto en el que se acordaba seguir con las actuaciones contra cuatro concejales andalucistas del anterior gobierno: Maribel Peinado (ex alcaldesa), Beatriz Parrado, Juan Carlos Martínez y José Antonio Ayuso; y contra el técnico municipal, José María Córdoba. Todos investigados por su presunta participación en un delito de prevaricación administrativa.

En mayo de este año, el Ministerio Fiscal solicitó la ampliación del auto a otros cuatro ex concejales y, tras tomarles declaración como investigados, la juez que dirige el caso considera que procede la ampliación del auto contra los cuatro. Se amplia así la acusación a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local de la anterior corporación.

Precisamente, la acusación se fundamenta en su condición de miembros de la Junta de Gobierno que aprobó por unanimidad el convenio de colaboración con la empresa Biouniversal para la recogida en exclusiva del aceite de uso doméstico, que fue propuesto por el por entonces teniente de alcaldesa de Urbanismo, Juan Carlos Martínez.

Ocho meses después se aprobó una adenda al convenio en el que se incluía también el aceite usado procedente de la hostelería, a propuesta del ex teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, José Antonio Ayuso. La adenda, que fue lo que provocó la denuncia de Geregras, obtuvo la negativa de los comerciantes que se sintieron perjudicados al tener que entregar el aceite usado a Biouniversal (sin contraprestación) y no a las empresas autorizadas con las que ya trabajaban y de las que sí obtenían beneficios.

Tanto el convenio como la adenda se llevaron a la Junta de Gobierno Local sin incluirse en el orden del día y sin la justificación de urgencia para tramitarlo conforme a la Ley. Además, según un auto judicial emitido el pasado año, "existió una falta total de informes técnicos favorables , tales como el del jefe de intervención de los servicios jurídicos o la publicación para licitar esta actuación de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público".

Ahora, las actuaciones deben continuar por el trámite del procedimiento abreviado. En estos días, se deberá de formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Cabe recordar que en 2015 los cuatro primeros imputados interpusieron un recurso de apelación que fue desestimado por el juzgado de Puerto Real. Posteriormente se elevó a la Audiencia Provincial, quien también lo desestimó.

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