El colectivo autónomo se reivindica más que nunca en estos momentos de gran destrucción de empleo entre las multinacionales. Son empresarios de raza, apegados a su tierra, muchos herederos de una tradición familiar. Más de 3,2 millones de valientes en España que, sin embargo, son el patito feo de la protección social y de los planes públicos. ¿Cómo es posible que el Plan E (el de los 8.000 millones) sólo incentivara la contratación de desempleados -figura jurídica exclusiva para los asalariados- y excluyera con ello a los autónomos? El colectivo se revolvió, sacó la cara por sus muertos y la semana pasada ha cerrado un acuerdo fundamental para "salvar la actividad económica y cubrir las necesidades de los 160.000 que se han quedado en el camino y viven un drama social", explica el presidente de la Federación ATA, el cordobés afincado en Jerez Lorenzo Amor.

Las principales medidas aprobadas por el Ministerio de Trabajo son, por lo tanto, de protección social. Las más importantes son el reconocimiento de las prestaciones no contributivas (subsidio o ayuda familiar)y el acceso a la Renta Activa de Inserción (becas de formación y capacitación), ambas exclusivas hasta ahora para los trabajadores por cuenta ajena. También se ha reducido casi a la mitad el módulo de tributación de los transportistas de reparto y mensajería y se ha desbloqueado el acceso al dinero ahorrado en los planes de pensiones, que podrá ser inmediato en caso de cese de actividad.

Estas medidas son de choque, coyunturales, por lo que "hay que seguir negociando en materia de financiación y morosidad. "El acuerdo alcanzado no es la meta, sino una etapa más en un largo camino", sentencia Amor. El mayor caballo de batalla es el pago tardío de las administraciones y sociedades. "Hay empresas que presumen de responsabilidad social y pagan a 180 días", critica abiertamente el empresario. Según un estudio del colectivo, el 74,7% sufre la morosidad "directa o indirectamente", por lo que, a juicio de Amor, "el futuro pasa por activar el crédito y cumplir la ley de morosidad, que limita el plazo de pago a 60 días".

Para hacer frente a esta "lacra", el ICO lanzará una línea de avales de hasta 3.000 millones, que se sumará a la de liquidez implantada a principios de año. Sobre esta nueva medida, los autónomos tienen serias dudas sobre su éxito. Según una encuesta a 11.000 profesionales, el 20,3% ha presentado solicitudes pero sólo ha llegado al 1,7% del colectivo total (3,2 millones en España y 55.000 en la provincia). Y ofrece una comparativa muy elocuente para avalar este bajo impacto: en el país se han autorizado 28.360 operaciones de liquidez hasta abril y en el mismo periodo se han dado de baja en torno a 80.000 autónomos, por lo que Lorenzo Amor concluye que "por cada línea ICO concedida para salvar un autónomo hay tres que han cerrado".