El Gobierno español, representantes de los principales partidos políticos y sindicatos de la Guardia Civil y la Policía Nacional se unieron ayer en un clamor contra el discurso que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, pronunció el miércoles por la noche en las Naciones Unidas. El político gibraltareño acusó a España de practicar una política de acoso contra sus ciudadanos y denunció en concreto "sanciones económicas, restricciones físicas en la frontera, invasiones policiales y militares de las aguas territoriales de Gibraltar, disparos a gibraltareños inocentes e incendios y daños contra las propiedades de gibraltareños en España".

El Gobierno español remitió una queja a Reino Unido por las "graves injurias" e "inaceptables" falsedades vertidas por el ministro principal. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo advierte de que el discurso de Picardo ante la IV Comisión de Naciones Unidas que se ocupa de los territorios pendientes de descolonización contenía "falsedades notorias y graves injurias al pueblo español, a sus autoridades y medios de comunicación".

España ha hecho llegar al Gobierno británico una queja formal por el discurso de Picardo en la que subraya que "intervenciones" como ésas "dificultan la solución de los contenciosos pendientes sobre Gibraltar, precisamente en un momento en el que España y el Reino Unido se han mostrado dispuestos al diálogo".

Ambos Gobiernos se mantienen en contacto desde hace meses para intentar pactar reuniones ad hoc que permitan abordar problemas específicos relacionados con Gibraltar, como los obstáculos a los pescadores españoles que faenan en las aguas en disputa, dejando a un lado la cuestión de fondo de la soberanía.

Al margen de la queja de Londres, Exteriores ha dado instrucciones a su embajador ante Naciones Unidas para que presente una carta al presidente de la IV Comisión expresando el "más rotundo rechazo por tales afirmaciones e instándole a que adopte las medidas oportunas".

"Las autoridades españolas representan a un país democrático. Somos un país generoso, un país que respeta a todos nuestros interlocutores, y el Gobierno español ni miente, ni acosa ni pega tiros", dijo el embajador español ante Naciones Unidas, Fernando Arias, que también intervino ante la Comisión de Política Especial y Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas. Para Arias, el discurso de Picardo "carece de una base sólida de carácter jurídico, incluye una serie de afirmaciones gratuitas y sin ningún fundamento legal y faltan a la verdad". El embajador español recordó a Picardo que Gibraltar está en la lista de territorios no autogobernados "porque Gran Bretaña lo incluyó", aseguró que salir de ella es algo que "solo puede decidir la ONU", y añadió que hay una "doctrina clarísima" que dice que el Peñón "no puede constituirse en una unidad independiente sobre la base de la autodeterminación".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) defendieron la labor de los agentes que trabajan en la Verja de Gibraltar al asegurar que "ni acosan, ni incendian propiedades, ni pegan tiros a los ciudadanos gibraltareños". En un comunicado conjunto, las asociaciones responden al ministro principal de Gibraltar. "No puede acusar a los agentes españoles de terroristas porque (...) policías y guardias civiles ostentan el triste récord de tener más número de muertos y heridos como consecuencia del terrorismo", destacan las asociaciones. "Esta vez señor Picardo ha ido demasiado lejos", afirman ambas agrupaciones que acusan a Picardo de fomentar el extremismo desde el otro lado de la Verja "utilizando" a los guardias civiles y policías nacionales "para calentar aún más" el conflicto político que mantiene con el Gobierno español.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró que el Gobierno español va a tomar "todas las medidas que hagan falta para que en Gibraltar las actividades que se realicen sean conforme a derecho". Morenés subrayó que la posición del Gobierno pasa, simplemente, por decir que "Gibraltar tiene que estar sometido a las leyes que le afecten interna e internacionalmente" y que España "no va a ser en ningún momento cómplice de nada que sea irregular y que afecte a Gibraltar y, en consecuencia, a España y a Europa". Morenés cree que Picardo deberá probar sus acusaciones de delito y, si no lo hace, habrá que "denunciarlo en los foros internacionales".

Desde las filas del PP, su vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, restó importancia a las palabras de Picardo porque le considera "un personaje poco importante y por mucho que suba el nivel de sus palabras eso no sube la importancia". Y el diputado Vicente Martínez Pujalte también le criticó: "Picardo se ha pasado siete pueblos". Pujalte considera que Picardo cometió una "irresponsabilidad manifiesta" que no se debería consentir en alguien que se dedica a lo público.

También hubo reacciones similares en el PSOE. Así, el secretario de este partido para la UE, Juan Moscoso, calificó de "inaceptables" las acusaciones de Picardo, por lo que pidió al Gobierno español que exija una rectificación y una explicación. Para Felipe González, ex presidente del Gobierno, apostó por no darle más importancia a este asunto "porque si se la damos, la tendrá", dijo.

En clave gaditana, el diputado nacional del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, consideró que el ministro principal de Gibraltar "está perdiendo los papeles". Landaluce aseguró que Picardo demuestra con su discurso que "está en la huida" y "no se da cuenta de que está ocasionando un perjuicio, no sólo a España, sino también a Gibraltar". En este sentido, lamenta que el máximo dirigente de la colonia "no mida ni siquiera la repercusión de unas declaraciones falsas". Y el presidente provincial del PP y senador, Antonio Sanz, dijo que el ministro principal de Gibraltar "está perdiendo el raciocinio" y que el Reino Unido "debe frenar las bravuconadas de Picardo".