El pasado 17 de abril los funcionarios de Justicia comenzaron una protesta con paros parciales que se convirtió en una huelga indefinida el 22 de mayo para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo tras las acordadas con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Desde entonces, en las oficinas judiciales de la provincia de Cádiz se acumulan miles de procedimientos y centenares de aplazamientos de juicios, mientras que el Ministerio de Justicia sigue sin ofrecer la solución que los sindicatos Staj, Csif, Comisiones Obreras y UGT pretenden para acabar con este conflicto laboral  que se prolonga por casi dos meses.

El colapso judicial no puede más que recrudecerse en los distintos órganos judiciales gaditanos, en tanto que la huelga de funcionarios está teniendo un importante respaldo por parte de los empleados públicos de Cádiz.

Ocurre, por ejemplo, que los funcionarios que trabajan en las oficinas de reparto están secundando la huelga en un alto porcentaje, de manera que a los jueces y tribunales ni siquiera les llegan las causas que tienen que juzgar.

Así, tras casi tres semanas sin reparto, los casos no salen de los Juzgados de Instrucción, de los Juzgados de lo Penal... Esto es, no se da curso a los procedimientos desde instancias inferiores, lo que está afectando especialmente a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde algunas de sus cinco Secciones no tienen ya asuntos que resolver ni procesos que juzgar.

Idéntica situación se está viviendo en la Fiscalía Provincial de Cádiz, de donde tampoco salen todos los asuntos a causa de la huelga de funcionarios de Justicia. Muchos de los escritos de calificación o pronunciamientos del Ministerio Público no están siendo enviados a sus respectivos destinos, con el riesgo que ello conlleva, pues puede que se superen los plazos para interponer los recursos que la Fiscalía quiera plantear.

Los únicos procedimientos que se están repartiendo de forma habitual son los casos de violencia de género y las causas con presos, al formar parte de los servicios mínimos que se prestan durante el paro de los funcionarios.

Personas del ámbito jurídico  consultadas por este periódico consideran que la situación actual es crítica en la provincia de Cádiz, por lo que no se puede prolongar por más tiempo. La Justicia, explican, es ya de por sí una Administración con una maquinaria pesada que no siempre ha ofrecido unos tiempos de respuestas adecuados. Si a esto se añade el atasco que trajo consigo la pandemia del Covid-19, así como el generado a principios de este año por la huelga de Letrados de Administración de Justicia (sólo Cádiz se llegaron a suspender más de 3.000 juicios), el momento actual deja ya entrever un incremento relevante del volumen de asuntos pendientes de resolver, para lo que se antoja más que conveniente activar un plan de choque con el objetivo de afrontar el trabajo acumulado y el que se pueda seguir acumulando si el conflicto laboral entre funcionarios y Ministerio no alcanza su fin.

En última instancia, es el ciudadano el que está sufriendo el paro en el sistema, el que se queda esperando su resolución judicial, ya sea una ejecución de desahucio por una ocupación ilegal de una vivienda, un divorcio o una orden de alejamiento. Y ya se sabe, si la Justicia llega tarde, no es justa.