María de los Ángeles Subías, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, ha dispuesto en una resolución rechazar la medida cautelar solicitada por la Asociación de Comerciantes de Zahara (Acoza) y, por lo tanto, se deniega "el precinto del emisario ubicado en la playa del Botero en la zona del Retín, así como la paralización de cualquier clase de vertidos en la zona en estos momentos".

Contra esta resolución, que ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, se puede interponer un recurso de reforma y subsidiariamente, de forma conjunta o por separado, un recurso de apelación.

Unas 60.000 personas se podrían haber visto muy perjudicadas este verano, según Molina

Esta actuación judicial se inicia el pasado 20 de junio por la representación jurídica de Acoza y de otros cuatro particulares que consideran que los vertidos que emite desde el día 1 de junio la depuradora de Barbate a través de una conducción subterránea, a unos 200 metros frente a la playa del Botero, pudieran suponer la comisión de un delito contra el Medio Ambiente previsto en el artículo 325 del Código Penal.

Por ello, se solicitó como medida cautelar el cierre de ese emisario y la apertura de esos vertidos al estuario del río Barbate o río arriba, en la zona donde se contempla la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Barbate, prevista en un área conocida como El Bujar.

Dicha denuncia, presentada por el letrado madrileño José Plaza, iba dirigida contra Miguel Molina, alcalde de Barbate; María José Corrales, concejala no adscrita y anterior edil de Urbanismo; Rafael Quirós, ex alcalde y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barbate; y María Dolores Varo, anterior portavoz socialista y concejala de Medio Ambiento durante el gobierno que presidió Quirós hasta mayo de 2015. También se incluía en la denuncia a la empresa concesionaria Aqualia.

Una vez conocida esta resolución judicial, que aún ayer no había llegado a manos del alcalde de Barbate aunque sí conocía su contenido, Miguel Molina expuso que "la jueza y el fiscal lo han entendido perfectamente, este alcalde no tenía otra opción que la que se ha aplicado".

El regidor barbateño ha vuelto a reiterar que se encuentra "muy tranquilo", ya que "es un acierto, porque 50.000 ó 60.000 personas se podrían haber visto muy perjudicadas este verano".

Miguel Molina ha señalado que "lo que hay que hacer a partir de ahora es aunar esfuerzos para que se firme de una vez por todas ese protocolo para la construcción de la depuradora, que es el objetivo en el que tienen que estar todas las administraciones en conjunto".

El alcalde andalucista cree que la actitud de Acoza "no es lógica" y esto va a poner a los comerciantes "en un problema, porque no han actuado de buena fe, se ha visto la mala fe con la que algunas personas han llevado este asunto".