Carroña de oro
Enfoque de Domingo. El negocio de la morosidad
Los fondos buitre, que ayudaron a limpiar fondos tóxicos de la banca, actuaron en la provincia mientras la morosidad se disparaba. Ahora controlan buena parte del mercado inmobiliario
"Gastar lo que no se tiene, cosa que en el último año ha hecho uno de cada tres españoles de entre 25 y 34 años, puede romper todas las ilusiones al derivar en un endeudamiento a largo plazo”. No será que no avisan. Esta frase se incluye como conclusión en el informe anual de pagos de consumidores de la firma Intrum, filial de la noruega Lindorff, la compañía que durante la crisis más paquetes de créditos impagados compró a los bancos.
Lindorff es solo una de las compañías que popularmente son conocidas como fondos buitre, un término relativo, ya que también se dedican a la gestión de cobros, es decir, los contratan empresas proveedoras a quienes otras empresas no pagan. Pero la terminología buitre viene de que una de sus actividades principales es comprar créditos de difícil cobro a los bancos a bajo precio y ser especialistas en cobrarlas, la pesadilla de los morosos, cobradores del frac a lo grande.
A.R. es un pensionista de Cádiz con una parte de su pensión embargada. Aún paga los 20.000 euros que pidió hace una decena de años, un préstamo que se ha ido complicando y que le otorgó una caja hoy desaparecida. En algún momento, sin que nadie le avisara previamente, se enteró que su acreedor había cambiado. Lo supo porque empezó a recibir llamadas a todas horas recordándole su deuda. Él dijo que a ustedes no les debo nada y, al otro lado, una voz con acento sudamericano le aseguró que sí.
El acreedor de A.R. es Lindorff. En su día compró un paquete de préstamos de dudoso cobro a la nueva entidad resultante de la quiebra de la caja de ahorros. A.R. no sabe por cuánto compró Lindorff esos préstamos, miles de préstamos, por lo que tampoco se puede saber cuánto le correspondería al suyo. Posiblemente no más de mil euros por sus 20.000. La nueva entidad obtenía dinero fresco para sanear sus balances y poder entregar cuentas algo más saneadas a los test de estrés y al Banco de España en un momento en que la morosidad en Andalucía rozaba el 14%. Era lo más duro de la crisis que siguió al crack de 2008.
Naturalmente, A.R. era un moroso bancario. “No me iban bien las cosas y por eso, precisamente, pedí el préstamo. Nunca pensé que no podría devolverlo. Pero nadie me informó de que se compraba mi préstamo ni a qué precio se compraba, pero aunque la situación había cambiado, para mí no sólo no cambió nada, sino que fue a peor. No había forma de conseguir una quita ni había nadie con quien negociar”. Lindorff no negocia. Cobra o no cobra. Y su ejército de abogados es lo suficientemente bueno para que casi siempre, de un modo u otro, cobre.
Una historia mucho más rocambolesca es la de D.A., un trabajador gaditano de la Construcción que pidió en 2006 un préstamo de 6.000 euros a la antigua Cajamadrid, 3.000 euros para el arreglo del coche y otros 3.000 para arreglarse la boca, cuatro implantes. “Por entonces me iban bien las cosas, trabajaba en Castellón y Valencia, saltaba de una obra a otra. No pensé que tuviera nunca ningún problema en pagarlo. Además, lo había puesto a cuatro años. La cuota ni siquiera era mucho dinero”.
D.A. fue pagando sus cuotas y en los años que van entre 2006 y 2010 llegó el estallido. Se quedó sin trabajo. Con el dinero del paro, cada vez con más esfuerzo, siguió pagando cuotas y ya sólo le faltaban cuatro cuando su economía reventó. Alguna cuota impagada y una primera llamada reclamándole la cantidad íntegra del crédito. Gran sorpresa por su parte, que acude a una oficina de la entidad de las pocas que quedaban. Allí le dicen que ya no es a ellos a quienes debe el dinero. Su crédito había pasado con otro gran paquete de deudas, una vez más, a Lindorff.
“Yo intentaba llegar a una solución. No paraban de llamarme, una vez al día y cada vez una persona distinta. Me decían cuándo vas a pagar y yo decía que cuánto había que pagar y me decían cantidades distintas, unas veces que 1.800 otras que 1.300. Pero por entonces yo no tenía ni una cosa ni la otra. Me metieron en el juzgado. Pagué más cosas, costas, intereses... Todo era surrealista. Yo sólo quería arreglar las cosas, que me dejaran de amargar, pero no encontraba ninguna forma de llegar a un acuerdo y con cada llamada me sentía más humillado, más fracasado. Era una mierda de crédito de 6.000 euros... Fíjate, que ya estamos en 2019 y ahí sigue la cosa. Pero hace unos meses recibo una nueva llamada y me vuelven a reclamar una cantidad de casi 2.000 euros, como si no me hubiera servido de nada todo lo que había pagado. Me enfado y le digo que ya está bien, que los de Lindorff no están jugando limpio conmigo y entonces me dicen, ante mi gran sorpresa: nosotros no somos Lindorff. ¡Lindorff había vuelto a vender mi deuda a un tercero! Se me cayó el mundo encima...” El nuevo propietario de su deuda era Galba Holdings, que suele ofrecer siete días en un primer escrito para el pago íntegro de la deuda antes de empezar a actuar.
Maldita sea la hora
D.A. habla bajito, está cansado, “maldita sea la hora”. Ahora le sale algún trabajillo más que hace unos años, “pero lo que es Cádiz, de eventual, alguna cosilla suelta. Casi ni para ir tirando”. “Y todo por arreglarte la boca”. “Callate, que ahí tuve otra. Me arreglé la boca en DentalLine, que fue una de esas clínicas dentales que eran un fraude. Cuando se me cayó un tornillo del implante fui a que me lo pusieran y me dijeron que había miles de clases de tornillos... Ni eso salió bien en este crédito”.
Nada de lo que hace Lindorff ni otras empresas de recobro es ilegal. Comprar deudas nunca ha estado prohibido, se hace desde los tiempos romanos, que lo regulaban en el Derecho que es el padre de todos los derechos. Ni siquiera se oculta. En 2016, antes de uno de los principales test de estrés convocados por el Banco Central Europeo, un buen número de bancos españoles sacaron un paquete de deuda de créditos morosos que se valoró en torno a los 11.000 millones de euros. Una cifra estratosférica, es el mismo valor que el recorte que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy en abril de 2012 en Educación y Sanidad.
El abogado gaditano José Luis Ortiz, que lleva varios de estos casos y que ha investigado la actuación de los fondos buitre en la zona, hace un cálculo en torno al 5 o al 10% del valor del crédito. De este modo, situándonos en la banda más alta, las compañías de recobro habrían pagado en ese paquete del 2016 unos mil millones, ya que todos se colocaron. Partiendo de esa cantidad es muy difícil njo conseguir un importante margen de beneficios. Es un negocio bárbaro. Son los grandes triunfadores de la crisis y de los índices de morosidad.
Para Ortiz, “el deudor está desprotegido porque carece de información. Si es un crédito al consumo la única estrategia es intentar que el deudor se beneficie de la venta a la baja, pero para ello hay que obtener el documento de cesión del crédito y considerar que el deudor podría ejercer un derecho de retracto en la compra de su deuda. Pero es difícil que un juez colabore en algo así. Los jueces admiten que la cesión es libre y no tiene que justificarse. Muy pocos han salido airosos de un pleito de estas características. Otra cosa es la titularización de una hipoteca, donde se puede argumentar que hay que inscribir registralmente la cesión. Ahí sí existe alguna posibilidad”.
Los éxitos en los juzgados no han impedido que Lindorff, muy activa en España durante la crisis, anunciara el pasado marzo un ERE que afectaría a más de 400 trabajadores, catorce de ellos en Jerez, donde había dos oficinas. Jerez era una magnífica plaza durante la crisis por una razón bastante sencilla: tenía miles de morosos.
Las razones aducidas por la empresa para esta regulación de empleo, que tenía su sede española en Valladolid y que era algo muy parecido a un call center, era la caída de beneficios en torno a un 15% y la causa de esta caída de beneficios era sólo una: el descenso de la morosidad bancaria en España. Habíamos ejado de interesarles. Ya no había tanta deuda ni tan barata de adquirir. Aunque a estas compañías no les gusta el nombre, de ahí les viene: se alimentan de carroña bancaria.
Cada vez que una entidad se ponía a vender estos activos tóxicos, la mayor parte de ellos deudas de promotores o hipotecarios, aunque también créditos al consumo puros y duros, bautizaba la operación con un nombre. Normandy, Corus, Tizona o Gold son denominaciones bien conocidas en el mundo de las finanzas. Pero tras esos nombres hay una operación bien sencilla: vender deuda para sanear balance y entregárselo a un prestamista.
Blackstone, el gigante
Pero lo de Lindorff o Grove Capital o muchas otras multinacionales dedicadas a esta actividad fue un juego de niños ante las dos grandes operaciones que han dado a conocer el funcionamiento de estos fondos. La primera ha acabado en escándalo y tiene como personaje protagonista a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella. La segunda es la mayor operación inmobiliaria de los últimos años en España y tenía como vendedor a lo que era un banco en caída libre, el Popular, cargado de ladrillo tóxico hasta su compra por un euro por el Santander . Y en las dos operaciones está detrás un gigante de las finanzas, Blackstone, el mayor casero de España.
Blackstone es un fondo de inversión creado a mediados de los 80 por dos ejecutivos de una compañía que a todos nos suena mucho: Lehman Brothers. No es nada extraño. La gran crisis de 2008 tiene su origen precisamente en esta fórmula, es decir, la compra de enormes paquetes de hipotecas tóxicas e incobrables otorgadas a pobres de solemnidad en Estados Unidos que nunca podrían pagarlas y la posterior mezcla de estos paquetes tóxicos con otros de absoluta fiabilidad y, una vez mezclados, puestos con un lacito en el mercado para especular con ellos en las plazas de valores. Eso fue lo que hizo explotar el sistema.
Blackstone se hizo grande en el mundo del ocio, con los parques temáticos o en la mediación de ventas como la de la adquisición de CBS por Sony. Pero, al mismo tiempo, también jugaba en el terreno de los fondos buitre.
Blackstone compró en 2013 a la empresa municipal de vivienda y el suelo de Madrid cien bloques, 1.800 viviendas, a un valor por debajo de mercado. Por ese motivo, la Justicia demanda a Botella y a 25 personas de su equipo una cantidad de casi 23 millones de euros. Es ese infraprecio lo que le lleva a la Justicia a actuar y no exactamente que hubiera entregado viviendas protegidas a un banco de del Popular por algo más de 5.000 millones de euros. Entre hoteles, suelo, garajes, naves industriales, parques comerciales y viviendas el valor de esta cartera tóxica ascendía a unos 30.000 millones. Sólo en la provincia de Cádiz, Blackstone, a través de Aliseda, el servicer que se dedica a colocar en el mercado parte de esos activos del Popular, tiene en el mercado unos 100 inmuebles, la mayor parte de ellos con importantes rebajas en su precio.
Al contrario que en Madrid, no existen, según informan desde los juzgados de Cádiz, casos inmobiliarios con denuncias a fondos buitre. En Madrid Blackstone ha sido llevada ante los tribunales por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusándola de ser responsable de la burbuja de los precios de alquiler, algo que tampoco sucede en la provincia.
La presencia de Blackstone en la provincia no es conflictiva, según estos datos, lo que no evita que su alto número de viviendas le convierta en un actor de relevancia en el mercado que quizá pueda dar la cara más adelante. Para que no hubiera posibilidad de que se repitiera la historia de Madrid, la Junta vetó la entrada de fondos buitre en las VPO prohibiendo la venta de estos inmuebles a personas jurídicas aparte de reservar a las administraciones el derecho de tanteo y retracto. Eso no impidió que en 2017 la Junta, en una polémica operación, se deshiciera de 70 inmuebles a cambio de 300 millones que fueron adquiridos por uno de estos fondos americanos, WP Carey, lo que llevó a la oposición a acusar al gobierno de Susana Díaz de entregar patrimonio a un fondo especulador. De este modo WP Carey se convirtió en casero de la Junta.
Fondos por todos lados
Son estos fondos los que están tomando protagonismo en la revitalización de la construcción ante la desaparición de muchos promotores locales del escenario por el estallido de la burbuja. Inmoglaciar, propiedad del fondo americano Cerberus, está construyendo en Granada, Córdoba y Sevilla cientos de viviendas. Centerbridge, otro fondo muy activo durante la crisis del ladrillo, también entró en el mercado de las renovables y aprovechó la crisis de Abengoa para hacerse con varios de huertos solares a través de Vela Energy, que un año después vendería en lo que fue una lucrativa operación. Kennedy Wilson se quedó en 2016 con otra parte del ladrillo tóxico del Popular, antes de su venta, y así se hizo a buen precio con inmuebles de lujo en Sotogrande. O Apollo Global Management, que se quedó con dos créditos con garantía hipotecaria del hotel de cinco estrellas La Boticaria, en Alcalá de Guadaira. Son sólo ejemplos de quiénes, tras la brutal crisis, son los nuevos protagonistas del mercado.
El abogado y economista Guillermo Rocafort, autor del libro Malas prácticas de los fondos buitre en España, que analiza buena parte de la jurisprudencia sobre esta materia en nuestro país, afirma que “la llamada recuperación económica se ha sustentado sobre la base de la entrada en España del dinero fresco que aportan desde los paraísos fiscales los fondos buitre a los bancos para sanear sus balances y en el empleo precario que se genera por la reactivación en la reclamación de créditos a los deudores”.
Quizá pueda ser una exageración o una simplificación, pero es indudable que estos fondos han tenido un papel en esa recuperación. Y no ha sido pequeño. Todavía hay casos como los de A.R. o D.A., temerosos de dar sus nombres porque sólo mencionarles a sus acreedores es mentarles la pesadilla. Pero ya son de los últimos. Marco números de las oficinas de Lindorff en Jerez que aparecen en internet, en tres teléfonos salta un fax y en un tercero no lo cogen. Envío correos a las plataformas de afectados de la hipoteca de Cádiz y Jerez, pero no recibo respuesta y sus páginas de contacto parecen inactivas. La mayor parte del trabajo ya está hecho.
El Derecho Romano no lo hubiera permitido
LA compra de créditos era una práctica de la que hay constancia en la antigua Roma, al punto que el Derecho romano se vio obligado a legislar sobre ello prohibiéndolo en un principio y, posteriormente, en tiempos de Constantino, reduciendo esta prohibición a los créditos que ya se encontraban en juicio. También se prohibió a las personas de “rango y poder” acceder a ese mercado, ni tampoco al fisco o al emperador. Nada nuevo por tanto.
En los estertores del imperio romano, esto es, siglo VI, plena crisis económica de los restos del imperio, ya era muy común especular adquiriendo créditos a muy bajo precio. Contra ello se dictó la Ley Anastasiana, que pretendía proteger al deudor que se encontrara en circunstancias apremiantes. En esta norma, que conoce cualquier estudiante de Derecho y que se prolongaría durante toda la Edad Media, era obligada en la adquisición del crédito la titularidad del propio crédito así como dar publicidad al precio por el que lo había adquirido. Curiosamente, esa obligación tan de sentido común, la de dar a conocer el precio de adquisición, no existe hoy. Cualquier fondo puede comprar créditos a un banco sin especificar lo pagado por cada uno de ellos porque en realidad no ha pagado por un crédito, sino por miles de ellos.
Sin irnos tan lejos, a día de hoy, el Ministerio de Economía español, en octubre de 2011, ya inmersos en nuestra plena decadencia de la economía de la segunda mitad del siglo XX, admitió que cualquier entidad de crédito tiene el derecho a modificar términos de su servicio bancario si el cliente ha incumplido, pero “debe comunicarlo con una antelación no inferior a un mes”. Eso es lo que permitiría al cliente moroso, al menos, pujar como puja el que va a comprar su deuda. O, más adelante, pagar lo que ha pagado por su deuda más los gastos que hubiera tenido el comprador de la deuda.
Pocas veces se da nada de esto. Lo que ha sucedido en nuestro país con la transmisión de deuda, ingentes cantidades de deudas impagadas, muchas de ellas cantidades muy pequeñas, es que han pasado a especialistas en recobros que, en algunos casos, utilizaban estrategias hostigadoras hasta el límite. El cliente había incumplido, unas veces por motivos justificados y otros no, pero la otra parte que había incumplido su obligación, la banca que no había evaluado riesgos y el banco emisor que no lo había vigilado, encontró en esta vía una salida al laberinto que ellos mismos habían creado. Y hubo quien supo hacer de esto un fenomenal negocio. Es curioso pensar que el Derecho romano no lo hubiera permitido. /P.I.
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