Han pasado ya unos días, pero este es el que tengo para opinar sobre unos hechos que me resultaron algo más que desafortunados. Me refiero a las declaraciones efectuadas por el presidente del grupo parlamentario de extrema derecha en nuestra cámara autonómica acerca de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de La Manada. Se trataron de afirmaciones de tono tan grueso, tan burras, groseras y obscenas, que se descalifican por sí solas: hasta su propia formación política se vio obligada a desmarcarse de alguna forma, aunque fuera con la boca pequeña. Pasados los días festivos, esperé hasta el lunes para ver cuál era la reacción de sus socios -porque lo son, aunque lo esquiven- en el Gobierno andaluz: de su presidente, vicepresidente o consejero de Presidencia, tan locuaces a la hora de apuntarse intangibles tantos y de denunciar la herencia recibida. Para mi sorpresa no piaron. Ni palabra en todo el lunes, martes, miércoles... Me costaba entenderlo, porque era una cuestión de sentido común y de carácter cívico, y más viniendo de los responsables políticos que nos gobiernan. El respeto a las decisiones judiciales, por más que no se compartan, es de primero de democracia. El señor de las declaraciones es, por más señas, ex juez, y no por que lo haya dejado, sino porque está inhabilitado por prevaricación. Puede que, después de escritas estas líneas, alguien haya dicho algo, pero para mí ya no tendría sentido. Han dejado pasar una enorme oportunidad de desmarcarse de la barbarie de aquellas palabras y de hacer un sano ejercicio democrático. Entiendo que, dado lo (no) visto, les es imposible, que deben de estar atados de pies y manos, no vaya a ser que le retiren los apoyos. Se trata de un silencio cómplice y hasta esclavo, que ruboriza. En este sendero de peligroso enrarecimiento de la vida pública y de pérdida de formas, uno desearía algo más de responsabilidad.