El obispo crea la Oficina de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Jerez

Mediante un decreto firmado el pasado viernes día 17, el obispo jerezano, José Rico Pavés, ha creado la denominada Oficina de Cumplimiento Normativo de la Diócesis de Asidonia-Jerez, un órgano encargado por velar por el buen gobierno y el cumplimiento de la normativa diocesana por parte de los trabajadores y colaboradores de la Iglesia Diocesana Jerezana.

Esta nueva oficina dependerá en sus inicios del gabinete jurídico del Obispado asidonense, un departamento que está bajo la responsabilidad de Miguel Ángel Montero Jordi al ser el vicario episcopal de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales. Junto a él, estarán en la creación de este órgano el vicario general de la Diócesis, Roberto Romero, el ecónomo diocesano, Alberto Castillo y el director de la Oficina de Recursos Humanos de la Iglesia jerezana, Antonio Montero.

Según se explica en el decreto, este nuevo órgano se crea con el objetivo de que la Diócesis prosiga en la senda de "crecer en el cumplimiento normativo y ético", además de en la necesidad de dotar a la Diócesis de "medidas idóneas de prevención, vigilancia y control para el buen gobierno y la prevención de delitos, conforme a la legislación vigente".

Entre las primeras labores asignadas al equipo que, por el momento, se pondrá al frente de la Oficina de Cumplimiento Normativo se encuentra la elaboración de un modelo de cumplimiento normativo (se denomina técnicamente como 'compliance') que permita "identificar riesgos legales y posibles delitos en los que podría incurrir la institución diocesana en cualquiera de sus áreas por la mala praxis de sus trabajadores, para generar mecanismos de prevención y reacción frente a los mismos" tal y como se apunta en el decreto firmado por el prelado asidonense.

A partir de 2022, cuando la Conferencia Episcopal Española (CEE) dio los primeros pasos en este sentido y aprobó su 'compliance', las distintas diócesis del país han ido creando estas oficinas y redactando este manual que es básicamente un documento que permite establecer los límites de las responsabilidades penales de las diócesis en algunos delitos.

Esto es consecuencia de una reforma del Código Penal que se hizo hace más de 10 años que permite exonerar o rebajar la responsabilidad penal de las personas jurídicas —una diócesis tiene esta catalogación a estos efectos— siempre y cuando cuenten con un programa de cumplimiento normativo, que es el 'compliance'.

En los de las diócesis que ya cuentan con este documento se incluyen aspectos tales como sistemas de control para la prevención de delitos por parte de empleados y proveedores, un procedimiento disciplinario ante este tipo de acciones e, incluso, canales de comunicaciones y protocolos de actuación ante denuncias o reclamaciones por incumplimientos.