Sociedad

Sentencia 'Manada de Sabadell': Penas de hasta 31 años de prisión para tres de los acusados

  • Han sido condenados por tres agresiones sexuales a una joven el 3 de febrero de 2019 en una nave abandonada cuando ella volvía de fiesta

Penas de hasta 31 años de cárcel para tres de los acusados de la 'manada de Sabadell'

Penas de hasta 31 años de cárcel para tres de los acusados de la 'manada de Sabadell'

La Sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta a 31 años de prisión a tres de los cuatro acusados de la 'manada de Sabadell' por tres agresiones sexuales a una joven el 3 de febrero de 2019 en una nave abandonada cuando ella volvía de fiesta.

Según la sentencia consultada por Europa Press, el tribunal impone 31 años de prisión al autor material de una de las agresiones y cooperador necesario de las otras dos, 13 años y seis meses a otros dos procesados por complicidad de un delito de agresión sexual y absuelve al cuarto acusado, "al no existir pruebas que acrediten su presencia en el lugar y hora de los hechos".

También establece una pena de cinco años de libertad vigilada, aplicable una vez se cumpla la pena de prisión, y el pago de una indemnización de 60.000 euros para la víctima.

Un relato "verídico y creíble"

Los hechos se remontan a la madrugada del 2 al 3 de febrero de 2019 cuando la joven fue abordada por un hombre que no ha podido ser identificado a la salida de un local de ocio de Sabadell, que la agarró del cuello, la puso contra la pared y la agredió sexualmente para conducirla después a una nave y que había albergado en su día una sucursal bancaria.

Una vez allí, el primer agresor la llevó a un habitáculo donde la violó y fue obligada a mantener relaciones sexuales por turnos con otros dos hombres, hasta que, una vez fuera de la nave, logró huir con la ayuda de una familia que salía en coche de un garaje cercano.

La sala, que impone también a los acusados el pago de una indemnización de 60.000 euros, considera que el relato de la víctima es "creíble" y ha quedado confirmado tanto por las pruebas toxicológicas y periciales como por la declaración de la mayoría de testigos.

"Este tribunal tampoco apreció durante la vista signo alguno de insinceridad en la declaración de la víctima para dudar de su credibilidad derivada de sus convicciones, prejuicios o influencias o enemistad con los procesados, a los que no conocía de nada previamente", subraya la sentencia.

El tribunal señala además que todos los condenados, más allá del que fue autor material de la violación, "participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta", por lo que "facilitaron así las agresiones sexuales" y contribuyeron "en la creación del miedo" que le causó a la joven, la cual se llegó a orinar encima.

"(Los dos cómplices) participaron al levantarse y estar junto a la víctima cuando ésta entró en el local junto al individuo no identificado en la creación del clima intimidatorio, lo que era perceptible fácilmente por la situación en la que se encontraba la denunciante y que se refleja en los hechos probados de esta resolución y si bien no participaron materialmente en las violaciones reiteradas cometidas", remarcan los magistrados.

Un juicio polémico

El juicio, que se celebró la pasada semana, levantó polémica después de que el fiscal Eduardo Gutiérrez sometiera a la joven a un ríspido e incisivo interrogatorio, que volvió a poner en el centro del debate el dilema sobre la revictimización de las víctimas de delitos sexuales.

Las constantes interrupciones del ministerio público y sus cuestionamientos a la víctima sobre si estaba segura de lo que narraba provocaron críticas de diversos sectores, a las que salieron al paso varias asociaciones de fiscales, que consideraron la intervención de Gutiérrez una estrategia para apuntalar el relato de la joven, que consideró "perfectamente verídico y creíble" en su informe final.

Por último, la sala ha decidido que será en fase de ejecución de sentencia cuando se aborde la posibilidad de que los condenados, de nacionalidad marroquí, sean expulsados del territorio español, donde residen de manera irregular, tal como solicitaba la Fiscalía, que solicitaba inicialmente hasta 40 años y medio de cárcel y proponía conmutar una parte de la misma por la expulsión del país.

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