La Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Valencia solicita una pena de cuatro años y medio de prisión para la ex dirigente de Vox Cristina Seguí por la difusión de un vídeo en sus redes sociales protagonizado por menores que denunciaron una agresión sexual por parte de cinco adolescentes en mayo de 2022 en la localidad valenciana de Burjassot, ha informado Facua en un comunicado.

Facua-Consumidores en Acción aportó a la Sección de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía certificados digitales de los mensajes publicados por Seguí en su cuenta de Twitter (ahora X) y su canal de Telegram, donde insertó distintas versiones del vídeo, que una de las menores había publicado en su cuenta de Instagram. La asociación había denunciado los hechos previamente ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, declaró como testigo durante la instrucción de la causa.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público atribuye a Seguí un delito contra la integridad moral y otro de descubrimento y revelación de secretos con la circunstancia agravante de género. Junto a la pena de prisión, le reclama que se le prohíba acercarse o comunicarse con una de las menores del vídeo por tiempo de cinco años y a una distancia de 500 metros, así como la prohibición de acceder a la red social X por el mismo tiempo.

Además, en concepto de responsabilidad civil, la fiscal Susana Gisbert reclama que la acusada indemnice a la menor sobre la que pide alejamiento en la cantidad de 15.000 euros con los intereses legales correspondientes.

Los hechos se remontan al 19 de mayo de 2022, cuando Seguí publicó en su cuenta de Twitter y en su canal de Telegram un vídeo realizado en directo un día antes por una menor en la que se recogía una conversación de ésta y dos menores más acerca de una agresión sexual de la que había sido víctima la niña por un grupo de menores, hecho que fue denunciado.

"Intención de menospreciar a las víctimas"

El vídeo fue inicialmente publicado por la menor en su ámbito privado a través de su cuenta de Instagram, donde desapareció a las 24 horas por tratarse de lo que la red social denomina "stories". Posteriormente, fue difundido por la acusada, que contaba con 201.000 seguidores en su cuenta de Twitter, con el siguiente texto: “Está todo mal, no es una niña de 12 sino de 15 o 16, el sexo fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en TV gracias a medios de difusión como vosotros”.

El texto de Seguí, según el escrito de acusación de la Fiscalía, fue redactado y difundido “con la intención de menospreciar a las víctimas de una agresión sexual por su condición de tales, por tratarse de adolescentes de sexo femenino con el conocimiento de que podría provocar reacciones encendidas tanto dirigidas a ellas como a las víctimas de delitos sexuales, tal como, efectivamente se produjo, llegando a ser 'trending topic'”.

Asimismo, ese mismo día, tras la publicación del video, el canal de YouTube dirigido por Javier Negre Estado de Alarma TV (ahora Edatv), se hizo eco del tuit y emitió en vídeo en un programa titulado "Desmontando la falsa manada de Burjassot, con Cristina Seguí", señala Facua.

En el programa, “la acusada afirmó que las menores estaban fabricando una prueba falsa y que merecían que sus padres les pegasen una hostia”, indica el escrito de la Fiscalía. En esta ocasión se pixelaron las imágenes, pero se mantuvo íntegro el audio. Este vídeo también fue publicado en el programa Estado de Alarma TV en su cuenta de X @EstadoDAlarmaTV el 20 de mayo de 2022.

Denuncia de FACUA

Seguí eliminó el vídeo de sus redes sociales ante el requerimiento emitido por la Agencia Española de Protección de Datos como consecuencia de la denuncia de Facua. No obstante, la acusada, que había salvaguardado sus propios tuits con la herramienta Tweetstamp, “volvió a publicar una sucesión de tuits encadenados donde aparecían las menores y la resolución íntegra de la Agencia de Protección de Datos”, señala la Fiscalía.

El escrito de calificación provisional de la Fiscalía recoge que, como consecuencia de estos hechos, la menor del vídeo padeció de estrés postraumático agravado por la difusión de la publicación y las críticas recibidas, que hicieron necesario el cambio de centro escolar, así como de tratamiento psicológico, que sigue recibiendo, llegando a ofrecer un perfil psicológico totalmente desajustado que podría abocar en un futuro en un deterioro de su salud mental.