Alrededor de treinta agricultores y vecinos desempleados de la barriada rural de Cuartillos se concentraron ayer para denunciar la "injusticia" que viven muchos arrendatarios de una parcela de la zona y "la falta de peonadas porque la dueña de los terrenos no labra". Así lo explicó Juan José Marchán, agricultor que deberá abandonar el próximo 10 de septiembre la parcela de cinco aranzadas de tierra después de 81 años trabajándola su familia. "Esto fue arrendado en una situación de monte y fue mi abuelo Miguel quien desmontó a golpe de azada la parcela para transformarla en tierras de cultivo", señaló Marchán. Este agricultor recordó que el actual propietario de los terrenos "nunca tuvo interés en cultivar las tierras, hasta el día que se concedió el derecho de cobro de subvención por explotación de terreno. Esta familia se está beneficiando de unas subvenciones por cultivo sin labrar y mantener las fincas, cuando a pequeños agricultores se las han retirado a pesar de tener el terreno limpio y bien cultivado pero sin dar la talla el cultivo".

Los terrenos objeto de protesta tienen una extensión aproximada de 3500 aranzadas y eran explotadas en un principio por alrededor de veinte arrendatarios. A día de hoy, y tal como denunciaron ayer, todos ellos, excepto uno que consiguió comprar la parcela, han sido "desahuciados. Unos porque desconocían la ley de arrendamiento histórico-rústico y otros porque cuando se enteraron ya se había pasado el plazo establecido para solicitarlo".

El caso de Marchán es diferente. El agricultor relató que en 1997 un familiar de los propietarios "se presentó en mi vivienda y me propuso hacer un contrato a mi nombre, ya que desde hace muchos años sólo contábamos con los recibos de haber pagado la renta anual". Marchán señaló que cuando fue a firmar el contrato observó "algo raro, ponía prórroga de contrato y después de consultarlo con un abogado no lo firmé. Era una prórroga de contrato que cumplía cuando recolectase la cosecha". El vecino contó que aquel familiar "se ofreció a citarnos para corregir el documento, pero nunca se presentó a las citas. Después de esto, no me aceptaba la renta anual y tomé la decisión de ingresarlas en el juzgado".

Decidió optar a la compra de las tierras que habían sido hasta ahora arrendadas gracias a a Ley de Arrendamiento Rústico-Histórico, por la cual se reconocían los derechos de los agricultores arrendatarios. Esta Ley 1/1992, de 10 de febrero, estableció que la denominación de arrendamientos rústicos históricos se empleaba, tradicionalmente, para designar aquellos arrendamientos anteriores al Código Civil y los que se concertaron con anterioridad a la publicación de la Ley de 15 de marzo de 1935. La ley prorrogó estos arrendamientos por un único y último período, que finalizaba precisamente en 1997. Lo puso en manos de abogados que "no actuaron de buena fe", sintiéndose en aquel momento "estafado". "El juez me considera como arrendamiento histórico rústico, pero no puedo comprar este terreno por la forma en la que mi abogado hizo la solicitud de compra", denunció Marchán.

Juan José es un ejemplo, porque vecinos y demás agricultores señalaron que "las consecuencias de que la familia propietaria de estas tierras haya desahuciado a todos los arrendatarios ha sido la destrucción de 8.300 puestos de trabajo y el sustento de 20 familias". Ante esto, Marchán lanzó un mensaje claro: "No me voy a quedar quieto".