Andalucía

Adjudicado a nadie

  • El 95% de las subastas públicas que se celebran en Cádiz, donde la Policía ha destapado una trama de pujas amañadas, quedan desiertas

Precios de salida. 139 bicicletas por 1.350 euros, una bicicleta amarilla por 50 euros, un ciclomotor de 2006 por 70 euros, un Renault de 2002 por 90 euros. 58 cajas de asientos tapizados en madera por 16.000 euros. 228 móviles por 3.400 euros (algunos con la pantalla rota). 3.250 euros por 118 bultos que pesan 5.500 kilos y que contienen todo lo necesario para equipar una cocina, donde hay desde candelabros hasta tazas, cubiertos, despensas... Un Rolex color acero, auténtico, por 6.000 pavos. Por 600 euros, si nadie más puja, puede usted quedarse con 225 adaptadores de váter para niños, por 10.000 euros se lleva 2.788 colgantes de plata, una ganga, a menos de cuatro euros el colgante, y no puede desperdiciar la ocasión de quedarse con un GPSpor 50 euros, si bien es cierto que no se ha comprobado su funcionamiento. Y 87 kilos de coral rojo por 9.500 euros.

Todo se vende en la web de la Agencia Tributaria y los efectos descritos son sólo algunos de los 66 lotes por los que se puede pujar ahora en la página de la Agencia Tributaria de Andalucía, que provienen de los más variados lugares, algunos de ellos, por ejemplo, de la Aduana de Algeciras. Todo un mercadillo virtual que a muy pocos parece interesar ya que la mayoría de estas pujas, un 95%, quedarán desiertas.

En toda España los juzgados, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sacan a subasta cada año unos 67.000 lotes y sólo en poco más de 4.000 encuentran una salida, un adjudicatario. De esos 4.000 lotes, la mayoría serán adquiridos por los profesionales de la puja, los subasteros, un club muy restringido que conoce al dedillo el funcionamiento interno de las pujas, que cuenta con su propia jerga, sus reglas y sus códigos de honor.

En la provincia de Cádiz, donde la semana pasada se destapó una trama de subastas amañadas con la detención de varias personas -entre ellas un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social y un subastero-, actúan habitualmente poco más de treinta subasteros. Son los que mejor conocen el mecanismo de las pujas y los que pueden conseguir, jugando con los tramos (márgenes de mejora de una puja) que un lote sea una ganga o que alcance un precio desorbitado que haga desistir a los novatos.

La Administración del Estado lleva intentando desde el año 2002 que las subastas públicas cuenten con un procedimiento mucho más abierto y diáfano a través de las pujas telemáticas. Según fuentes de la Agencia Tributaria, el procedimiento se ha ido depurando, pero lo cierto es que en el caso de la Seguridad Social, por ejemplo, las adjudicaciones presenciales siguen siendo las que logran un mayor grado de éxito. Los pujadores de internet, que cuentan con dos minutos para mantenerse en la puja desde la lejanía, aún no son demasiados. En el 90% de los casos los lotes seguirán cayendo en manos de profesionales, que luego se encargarán de mover la mercancía. Contactos e información a uno y otro lado. Cuando esos contactos y esa información sobrepasan los límites tolerables puede suceder lo que ha pasó la semana pasada en Cádiz. Aunque la alteración del precio sucede siempre: una subasta por sí misma es una alteración del precio de las cosas. El precio definitivo lo marca, en buena medida, no tanto el objeto, sino la información.

Lo que sale a subasta son bienes embargados o hipotecados, que, tras su puja, también pueden ser entregados por medio de concurso o de adjudicación directa, pero buena parte de esos bienes no los quiere nadie o tienen difícil adjudicación, como es el caso de las lanchas incautadas a los narcos, que van a las propias o fuerzas de seguridad o hay interés de pujadores que trabajan para los propios narcos que intentan recuperarlas.

Aunque es posible la participación vía telemática, siempre y que se cuente con un DNI electrónico, la subasta, por ley, se celebra en acto público con lugar, día y hora de celebración anunciado públicamente y en el que pueden participar todas aquellas personas que tengan capacidad para obligarse y contratar y constituyan un depósito por importe como mínimo del 20% del tipo de la subasta (precio de salida).

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