El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para requerir al Gobierno de España que modifique el reparto del objetivo de déficit fijado para el periodo 2014-2016 entre la Administración central y las comunidades autónomas y a su Gabinete Jurídico para ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa en caso de no ser atendido.

Esta decisión, difundida por la Oficina del Portavoz en un comunicado, ha sido adoptada en el último Consejo de Gobierno presidido por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que ha comunicado durante la reunión su renuncia al cargo. La actual consejera de la Presidencia e Igualdad y futura presidenta, Susana Díaz, ya avanzó el pasado domingo que la Junta no descarta recurrir en el Tribunal Constitucional el objetivo de déficit del 1 por ciento establecido para las comunidades autónomas en el año 2014, siguiendo así los pasos de Cataluña y Asturias, porque considera que "hay base" para ello.

Según la Junta, los objetivos de déficit para los próximos tres años fueron establecidos en sendos acuerdos del Consejo de Ministros del 28 de junio y 12 de julio "no respetan las previsiones recogidas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en lo referido al objetivo de estabilidad y a la distribución entre los subsectores de las administraciones públicas: Administración General del Estado y Seguridad Social, y Comunidades Autónomas".

El Ejecutivo andaluz recuerda que, aunque esta norma dispone que ninguna administración podrá incurrir en déficit estructural, "fija un periodo transitorio en el cual deberá reducirse paulatinamente hasta su desaparición total en 2020, de acuerdo con la senda de reducción fijada en el procedimiento de déficit excesivo que la Unión Europea abrió a España en 2009".

En concreto, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica recoge que la reducción anual debe repartirse entre el Estado y el conjunto de las comunidades conforme al porcentaje de déficit estructural alcanzado en 2011, con lo que, según la Junta, "se regula el esfuerzo que debe realizar cada administración en la reducción del déficit estructural".

En este sentido, el Ejecutivo andaluz critica que "los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros establecen objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades que implican unas reducciones mayores de las que corresponderían si se aplicara correctamente lo dispuesto en la ley orgánica, con el consiguiente perjuicio económico para las autonomías", por lo que anuncia que "ejercerá las acciones necesarias para que se revisen los acuerdos y para que el Consejo de Ministros fije unos nuevos objetivos ajustados a la Ley Orgánica 2/2012".

A juicio de la Junta, "el Gobierno central aprobó el Programa de Estabilidad 2013-2016, en el que fijó de manera unilateral su propuesta de reparto vertical, reservándose el margen más amplio de la flexibilización otorgada por lograda por la Unión Europea". Según recuerda en 2013 el objetivo de déficit inicialmente fijado era del 4,5% del PIB y tras la flexibilización concedida por la UE, ese tope pasó al 6,5%. De ese margen ampliado (dos puntos), el Gobierno central, junto con la Seguridad Social, "decidió reservarse" el 70% (1,4 puntos) dejando para las comunidades autónomas el 30% restante (6 décimas).

Para los tres próximos ejercicios, el reparto de los objetivos de déficit se establece del siguiente modo: por un lado, 4,8%, 3,5% y 2,6% la Administración Central y la Seguridad Social, y por el otro, 1,0%, 0,5% y 0,2% las comunidades autónomas. En opinión del Gobierno andaluz, "este reparto sitúa el objetivo de déficit por administraciones muy lejos de la estructura de gasto existente en la actualidad y supone que las comunidades autónomas alcanzarán el superávit estructural a corto plazo, cuando la normativa de estabilidad lo sitúa en el año 2020".

Finalmente, la Junta critica que, "como consecuencia de este reparto, el Gobierno central hace recaer el peso del ajuste de forma desproporcionada en las comunidades autónomas, que son las responsables de la prestación de los servicios públicos fundamentales como sanidad, educación, justicia o empleo".