La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía subrayó ayer que "respeta" el acuerdo alcanzado por la junta rectora del Parque Natural de Los Alcornocales para que la finca La Almoraima, ubicada en el término municipal de Castellar, sea declarada como monte público.

La Consejería reitera su oposición a la posible venta y a la privatización de la finca, puesto que el objetivo de este departamento es gestionar el latifundio desde lo público y, con ello, ser capaz de generar empleo, "una de las prioridades del Gobierno andaluz y de este departamento en la actual legislatura". El Ejecutivo autonómico quiere "mejorar" la gestión de la finca aprovechando adecuadamente su potencial económico. "Se trata de proteger el patrimonio, uno de los mayores bosques de Europa, de un altísimo valor ambiental y paisajístico", finaliza.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, defendió la necesidad de aunar esfuerzos desde todas las administraciones, local, autonómica, central e incluso europea, en defensa de La Almoraima, evitando que quede en "manos inciertas y especulativas".

Valderas indicó que el objetivo del Gobierno central y el andaluz debe ser construir un modelo de desarrollo sostenible "como se hizo en su momento en la zona de Doñana, un modelo que fue capaz de beneficiar a todo el conjunto de las actividades desde el punto de vista natural, medioambiental, turística, económica y agraria".

El anuncio de que el Gobierno acudiría a la Justicia si la Junta le pone trabas a la venta de la finca provocó una reacción más agresiva en el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quien criticó que "una administración amenace a otra con los tribunales para poder vender un patrimonio natural de todos los andaluces y de todos los españoles". "Los actores del proceso de venta de La Almoraima tienen demasiadas vinculaciones familiares y personales con intereses de todo tipo", dijo Cornejo, que matizó: "No estoy acusando, pero sí dejando una incógnita tremenda: ¿cómo puede un Gobierno oponerse incluso a través de los tribunales a que pueda mantenerse un patrimonio natural en manos de todos los españoles?".