No es de extrañar, pero sí de lamentar profundamente, la percepción de deshonestidad que la sociedad española ve en el ejercicio de la función política, en la dirección de algunos ámbitos de las administraciones y en las organizaciones políticas. Esta percepción no está basada en los perjuicios o ventajas personales que esa deshonestidad haya causado a miles de ciudadanos individuales, sino en un número relativamente reducido de casos pero de gran significación, bien por el perfil de sus actores o bien por las cuantías económicas de los hechos.

Podíamos comprender, en los tiempos de la locura inmobiliaria, la frecuencia de casos de decisiones urbanísticas que se han revelado no legales. La tentación era muy grande: compartir algo del beneficio que una modificación urbanística o una licencia controvertida iban a proporcionar a un promotor, y podríamos explicárnoslo, sin justificarlo, en las deficiencias de las normas, en la propia naturaleza humana y en que no es posible que un partido controle a la totalidad de sus cargos electos. Ahora bien, los procedimientos de control establecidos para la Administración pública se han ido estableciendo y perfeccionando a lo largo del tiempo precisamente porque el legislador es consciente de la naturaleza humana y de las tentaciones que existen cuando se tiene capacidad de decisión en los dineros públicos o capacidad de dictar resoluciones que pueden dar a una contraprestación por parte del beneficiario.

Lo que creo que no esperábamos es que los comportamientos poco decentes se mantuviesen después de aquellos años, que los fallos del control fuesen reparados reforzando el papel y la independencia de los controladores, y que los partidos políticos hayan sido tan renuentes a la transparencia y a un control interno mucho más eficaz que el que les ha caracterizado. Claro que es imposible encontrar el número suficiente de personas inmaculadas para ocupar sus puestos internos, los de representación política y los de dirección de la Administración; pero esto se sabe desde siempre, por eso era tan importante que se hubiese establecido un serio control interno. Se habrían evitado algunos asuntos que resultan bochornosos hasta para los propios votantes y no se habría producido el desprestigio de la función política que ahora estamos padeciendo. Es muy grave que una sociedad no confíe en sus políticos y en sus partidos políticos, entre otras cosas, porque puede tender a buscar remedio en organizaciones que saben aprovecharse muy bien de la indignación y del descontento, pero que no ofrecen más que irrealidades y propuestas cuyo fracaso ya ha sido perfectamente constado.

No es necesario ejemplificar, el lector conoce perfectamente todos los casos, se habrá formado su propia opinión y estoy seguro de que no incurre en generalizaciones, aunque a veces haya que hacer esfuerzo para evitarlo, recurriendo a nuestra propia experiencia de relación con políticos auténticos servidores públicos.

No es fácil medir el nivel de corrupción en un territorio o en una economía, para ello se tendrían que conocer todos los casos existentes y, en puridad, sólo podemos conocer de un modo objetivo los casos investigados por la justicia. Por ello se utiliza una aproximación: la percepción que la sociedad tiene del nivel de corrupción que realmente pueda existir. Esto es lo que mide Transparencia Internacional y la verdad es que nuestros resultados son malos en relación con países comparables o que deberían ser nuestra referencia. En 2016 ocupamos el puesto 41 entre los 176 países analizados, muy por debajo de lo que correspondería a una país con un sistema democrático e institucional que consideramos bien asentado. Nuestra puntuación revela mejor las cosas: es sólo 58 puntos sobre un máximo de 100, y lo malo es que parece que estemos yendo a peor en relación con nuestra posición en el pasado. El informe de Transparencia Internacional hace hincapié en que la percepción es resultado de múltiples casos de corrupción política en niveles elevados de los partidos y de los gobiernos, pero que no existe corrupción sistémica, si bien señala que nuestra puntuación ya no está muy lejos de la de algunos países que han entrado en esa circunstancia.

Ningún país es perfecto, en todos existe corrupción en algún grado: los más próximos a la máxima puntuación son Dinamarca y Nueva Zelanda (90) y muy cercanos Finlandia y Suecia. Nosotros nos encontramos en decimoséptima posición entre los países de la UE, entre Letonia y Lituania y somos el vigésimo sexto entre los 35 países de la OCDE. Y no creo que sea mucho consuelo que nuestra situación sea bastante mejor que la de Italia (47 puntos sobre 100).

Dar solución a nuestra circunstancia -es decir, impedir al máximo los casos de corrupción política- constituye un auténtico asunto de Estado y es una de las primeras exigencias sociales. El último barómetro del CIS (febrero de 2017) refleja que para los encuestados la corrupción y el fraude constituyen el segundo problema en orden de importancia, y los políticos, partidos y la política el cuarto. El primero es, lógicamente, el paro. Atajar los relacionados con la política no tendría por qué ser muy difícil y depende exclusivamente de la voluntad de las organizaciones políticas, que hasta ahora no han pagado un precio muy elevado, en términos electorales, por los asuntos de corrupción. No, desde luego, el que pagaron algunos de los partidos italianos en su tiempo, y quizá se deba a que los ciudadanos comprobamos que los casos identificados no quedan sin castigo, si bien asistimos, no sin preocupación, a una frecuente elusión de responsabilidad -o al menos del intento de hacerlo- por parte del superior del corrompido o de quien lo ha designado para un puesto público.

Y en esto, para finalizar, no deja de causar sorpresa la diferencia con la severidad penal que se ha establecido para los administradores de las sociedades empresariales e incluso para las propias sociedades. Las personas jurídicas tienen responsabilidad penal tras la reforma del Código Penal de 2010, y en la de 2015 se establece como exención sólo el despliegue y aplicación efectiva de un programa de cumplimiento de la legalidad. O sea, que esto de "qué sorpresa y qué disgusto más grande me he llevado, pero ya hemos apartado a este sujeto" parece que siguiera valiendo para los partidos políticos -lo hemos visto hace unos días- pero no de excusa para una empresa en la que un empleado cometa un acto delictivo. Esto no es razonable: los partidos no son un bien a proteger.