Tras su esperada declaración del pasado martes, el caso Rato sigue adelante y se espera que el instructor, Antonio Serrano-Arnal, cite a nuevos testigos con el objetivo de recopilar más datos que aclaren si el ex vicepresidente del Gobierno se enriqueció de forma ilícita y ocultó 6,5 millones a Hacienda.

A lo largo de esta semana, el juez ha interrogado a dieciséis testigos, en su mayoría antiguos y actuales empleados de Bankia y de las empresas de publicidad Publicis y Zenith, adjudicatarias de la campaña del lanzamiento de la marca y de la salida a bolsa de la entidad.

Dos de ellos, sin embargo, cambiaron esta condición por la de imputado: el ex director de Comunicación Externa de Bankia Miguel Robledo, y una trabajadora de una de las empresas del presunto testaferro Alberto Portuondo, el único que ha ingresado en prisión. Con ellos, el número de imputados se sitúa en once: Rato; su secretaria personal, Teresa Arellano; su gerente de confianza y presunto testaferro Miguel Ángel Montero; el abogado Domingo Plazas; Portuondo y cuatro directivos de las compañías, entre ellos la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal.

La Audiencia Provincial de Madrid destacaba en el auto en el que confirmaba la prisión preventiva para Portuondo que el "entramado societario" del ex ministro se apoya en una "red de movimientos económicos" que han tenido "repercusión, alojamiento o manifestaciones en diversos países".

Mientras el Tribunal Supremo dirime sobre el órgano que debe hacerse con el caso, para lo que aún falta el informe de la Fiscalía en el que muestre su opinión sobre si debe ser Serrano-Arnal o el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, el instructor tiene previsto a partir del jueves desprecintar los depósitos intervenidos en los registros efectuados a dos imputados en la pieza relativa al blanqueo, todavía bajo secreto de sumario.