El 28 de abril de 2016, el Tribunal Supremo decretaba el sobreseimiento provisional de la causa especial que unos meses antes había abierto contra María José Gacía-Pelayo por las contrataciones que realizó el Ayuntamiento en 2004 para promocionar la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid de ese año.

Las adjudicatarias habían sido tres empresas que, con posterioridad, se conoció que estaban vinculadas a la trama Gürtel, liderada por el empresario Francisco Correa. El procedimiento de adjudicación fue irregular, tal y como corroboraron tanto el Supremo como la Audiencia Nacional; sin embargo, el Alto Tribunal determinó que la entonces alcaldesa no tuvo conocimiento de estas ilegalidades, además de incidir de que los hechos habían prescrito.

Teniendo en cuenta que el auto de sobreseimiento de la causa contra García-Pelayo no fue recurrido, poco tiempo después adquirió firmeza. La causa contra García-Pelayo ya estaba archivada de manera definitiva. Sin embargo, tres años después, Isabel Jordán, una de las trabajadoras de las empresas contratadas, presentó un escrito ante la Fiscalía donde reconoció su participación en el proceso de adjudicación fraudulento de estos contratos. Esta empleada, que fue administradora de algunas de las empresas, había llegado a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal.

Su confesión fue realizada escasas semanas antes de que se iniciara en la Audiencia Nacional el juicio por estas contrataciones donde se sentaron en el banquillo los principales responsables de estas sociedades así como varios técnicos municipales que participaron en el procedimiento de contratación. En este juicio, fueron condenados los dueños de las empresas mientras que los empleados del Ayuntamiento fueron absueltos al incidirse en la prescripción de los hechos. La causa contra García-Pelayo, mientras tanto, fue al Tribunal Supremo ya que era (y es) aforada por su condición de diputada en el Congreso.

Tanto ante la Fiscalía como en la vista oral, Jordán reconoció que los tres contratos realizados con el Ayuntamiento de Jerez (el diseño y la instalación del estand en Fitur, un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor y un recital de flamenco en los Jardines del Retiro) se adjudicaron sin concurso y que estas firmas participaron en la elaboración de los documentos de contratación, que se hicieron en su mayoría con posterioridad la cita turística en Madrid.

Ante esta confesión, la Asociación de Abogados Demócratas de Europa y dos ex parlamentarias del PSOE en Valencia, Carmen Ninet y Cristina Moreno, que estaban personadas en casi todas las piezas judiciales en las que se dividió la investigación judicial de la trama Gürtel, solicitaron la reapertura de las diligencias basándose en esta confesión. En septiembre de ese año, la Fiscalía solicitaba también la reapertura, petición a la que se opuso, claro está, la defensa de María José García-Pelayo, ejercida por el abogado jerezano Juan Pedro Cosano.

En mayo del año pasado, el Supremo emitió un auto donde rechazaba la reapertura de la causa. Entonces, el juez instructor, Antonio del Moral, señalaba que con las nuevas afirmaciones realizadas por la empleada de las empresas no se habían encontrado nuevos indicios inculpatorios contra la ex alcaldesa ni ningún acto administrativo ilícito que anulara la prescripción de los hechos decretada tanto por el Supremo como por la Audiencia Nacional.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares recurrieron la decisión. Por un lado el Ministerio Fiscal presentó un recurso de apelación; sin embargo, la representación de las ex parlamentarias socialistas presentaron uno de reforma y, de manera subsidiaria, el de apelación. Por lo tanto, y tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento, primero tuvo que abordarse el de reforma.

En octubre del año pasado, el Supremo emitió un nuevo auto rechazando el recurso, aunque a esta acusación le daba la posibilidad de presentar un nuevo recurso de reforma o bien iniciar los trámites para el de apelación. Las ex parlamentarias valencianas optaron por la primera opción por lo que no fue hasta finales de enero cuando el Alto Tribunal se volvió a pronunciar. En ese momento, volvió a desestimar el recurso de reforma por lo que pasó entonces a solicitar tanto a la Fiscalía como a la acusación particular que siguieran adelante con los recursos de apelación.

Tras esto, la Sala de Recursos del Tribunal Supremo se reunió el pasado 15 de abril y fijó como ponente del nuevo auto al magistrado Pablo Llanera, que al día siguiente firmaba el pronunciamiento por el que desestimaba ambos recursos. En él no solo incidía en la prescripción de los hechos sino también en que seguía sin haber indicios de que María José García-Pelayo pudiera conocer las irregularidades del procedimiento de contratación.

De este modo, tal y como apuntan desde el Partido Popular, se cierra de manera definitiva esta causa contra la ex regidora.