El Ayuntamiento jerezano recaudó el año pasado en torno a unos 9,5 millones de euros en concepto de plusvalía, el impuesto que grava el aumento del valor de los inmuebles —su nombre es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)—. Este es el importe más elevado de los últimos años.

Ahora bien, según el avance de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del pasado año (el ejecutivo aún no ha hecho pública la liquidación definitiva del año pasado que aprobó hace más de un mes), el Consistorio tiene derechos reconocidos por un importe que supera los 11,5 millones de euros. La diferencia entre ambos importes, claro está, es lo que aún no ha podido recaudar.

Con estas cifras, 2019 cerró como el mejor año para el Ayuntamiento en relación con este tributo, una vía de ingresos que quedó fuertemente tocada en 2017 cuando, tras una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso jerezano precisamente (una dación en pago de unos terrenos de una promotora a una entidad bancaria), se determinó que este tributo no debía ser reclamado por las entidades locales cuando la transacción no había supuesto beneficio patrimonial. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es una carga fiscal que grava la compraventa u obtención en herencia o por donación de un inmueble.

Las arcas municipales han logrado cerrar uno de sus mejores años con este tributo dado que han podido recaudar un importante importe de años precedentes, concretamente 1,7 millones. No obstante, y a pesar de la buena cifra, y a falta de saber el cierre definitivo de la liquidación, no se ha alcanzado los importes presupuestados a principios del año.

En 2019, el ejecutivo local renunció a presentar un presupuesto, de ahí que prorrogara durante todo el año las estimaciones de 2018 —este continúa vigente ya que aún el presentado para 2020 no cuenta con el beneplácito del Ministerio de Hacienda—. Para los dos últimos ejercicios, la Delegación de Economía estimó unos ingresos anuales de 12,3 millones de euros por este impuesto, cifras que no se han alcanzado ni en 2018 ni al siguiente ejercicio. De hecho, en 2018 apenas se alcanzaron los 9 millones en derechos reconocidos y poco más de ocho millones de recaudación.

A pesar de ello, el ejecutivo ha presupuestado para este año unos ingresos de 11,5 millones, un importe similar a los derechos reconocidos en el pasado ejercicio. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda cuestiona este cálculo ya que entiende que la estimación presupuestaria debe realizarse basándose en lo que entra realmente en caja y no a lo que puede llegar a entrar ya que esto puede ocasionar un desequilibrio en la tesorería municipal. No es la única advertencia que el Ministerio realiza al respecto, sino que también alerta de posibles incumplimientos en otras vías de ingresos.

Sin embargo, el ejecutivo confía en convencer otra vez a Hacienda con sus estimaciones y, de este modo, reducir al máximo los recortes exigidos por la administración central en la previsión contable de este año.

El Ayuntamiento gana en el Supremo al hotel Sherry Park

Exterior del hotel Sherry Park.

El Ayuntamiento le ha ganado una pelea judicial a la empresa propietaria del hotel Sherry Park y a una entidad bancaria por el cobro de una plusvalía vinculada a este establecimiento. La controversia judicial data de 2014, cuando el Consistorio reclamó a la firma hotelera el cobro de algo más de 755.000 euros en concepto de este tributo.

La pelea judicial, que ha alargado durante cinco años, tuvo su último capítulo el pasado mes con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que le ha dado la razón al Ayuntamiento en una sentencia que ratifica el criterio aplicado sobre este impuesto. Todo comenzó en 2014 cuando la Delegación de Economía giró la liquidación de este impuesto a la empresa propietaria de las instalaciones hoteleras.

La entidad bancaria, en representación de la firma, presentó el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso de Jerez, que le dio la razón al Consistorio en primera instancia. Este tribunal rechazó el argumento de la entidad de que el Ayuntamiento habría aplicado supuestamente un criterio erróneo para calcular la liquidación de este impuesto. T

ras esto, llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), órgano que en 2017 rechazó el recurso al señalar que no tenía la justificación legal necesaria para analizarlo en esta instancia. No obstante, tenía la posibilidad de elevarlo al Supremo, cuyo pronunciamiento se ha conocido ahora. En él, el Alto Tribunal ratifica la liquidación realizada por el Ayuntamiento en una sentencia fechada el pasado 19 de mayo.