El 'caso del resucitado' llega a juicio diez años después

Entre hoy y el miércoles próximo se juzgará en la Audiencia Provincial de Cádiz el caso conocido como 'la finca del resucitado', un asunto curioso y escabroso donde los halla en los anales del urbanismo local y provincial.

Los herederos de un hombre que partió de Jerez a Brasil hace casi cien años piden, a través de la abogada Elena Sánchez, una pena de seis años de prisión para el conocido constructor jerezano Basilio Iglesias así como para su hijo Francisco Javier por presuntos delitos de estafa y un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil, así como una indemnización de 1.081.821 euros, a la que deberán hacer frente los referidos así como Luis Pascual Santiago y José Antonio Cardos Pastor, presuntos cómplices a los que se acusa de hacerse pasar por tercera personas para poder comprar la finca de ese hombre que, como ha quedado dicho, marchó a Brasil allá por 1920.

Según sostiene la acusación particular, el constructor y su hijo en connivencia con los otros dos acusados, estos dos últimos con antecedentes penales, "con un evidente ánimo de lucro, planean la utilización de un ardid engañoso y del todo punto fraudulento al objeto de favorecer en beneficio propio una disposición patrimonial" en claro perjuicio de los herederos de ese hombre que se fue a Brasil y del cual nunca más se supo. Tanto es así que sus sobrinos, herederos legales, aseguraron ante la Justicia que su tío se encontraba desaparecido desde los años 20 del pasado siglo. Su fallecimiento fue declarado de forma judicial por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Jerez.

El constructor imputado y su hijo, conocedores de la curiosa situación en la que se encontraba la finca (los terrenos del hombre que nunca regresó de Brasil eran harto conocidos en los ambientes urbanísticos de la ciudad) "y siendo propietarios y administradores de un grupo de empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción -entre las que se encuentra la mercantil Inverhauss XXI SL- ésta fue utilizada en la presente estafa para la compra de la finca objeto de litigio". "Para efectuar la compra fraudulenta buscaron a los otros dos acusados para que se hicieran pasar por el propietario de la finca (el famoso 'resucitado') y la persona que con nombre falso iba a actuar como mandatario del mismo para la venta de la finca, proporcionándoles la financiación para falsificar los documentos nacionales de identidad y abonándoles su participación en la estafa con parte del precio de la compraventa de la finca".

Fue el 13 de abril de 2005 cuando los dos presuntos cómplices, tras falsificar sendos DNI's, acudieron a una notaria de Estepona para otorgar poder especial para la venta de la finca.

Según el escrito de acusación "ambos han reconocido haber falsificado dichos documentos nacionales de identidad tras recibir un encargo de constructores y promotores inmobiliarios de la zona de Jerez y financiado por estos, así como, haber reintegrado el dinero sobrante de la compraventa a dichos empresarios tras abonar los gastos de los comisionistas y corredores que participaron en la simulada compraventa". Los fondos de la venta partieron de otra empresa del grupo Basilio Iglesias radicada en San Pedro de Alcántara (Málaga).

Sólo 13 días después de la firma en Estepona el administrador de la mercantil Inverhauss XXI SL acude a otra notaria de Cádiz para comprar la finca en cuestión al presunto cómplice, quien acude como apoderado de Juan Pérez Galisteo (el hombre hace años fallecido).

Apunta la abogada de los herederos que "en tiempo récord se consiguió la inscripción de la compraventa en el Registro de la Propiedad de Jerez". Tanto Luis Pascual Santiago como José Antonio Cardos Pastor, suplantadores del legitimo propietario de la finca y de su mandatario, ya han reconocido su implicación en los delitos convirtiéndose en estafadores confesos. "Ambas partes conocían la irregularidad de la operación", llegó a señalar.