La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, anunció el pasado 15 de febrero la convocatoria de un pleno extraordinario con una única propuesta en el orden del día: "La recuperación de la gestión de la recaudación de los impuestos a través de la empresa municipal Jereyssa", que hasta entonces estaba llevando a cabo la Diputación provincial. Con esta recuperación se conseguiría, según explicó en su momento, que "el Ayuntamiento tenga liquidez todos los meses y autonomía financiera para decidir cuándo, cómo y a quién se paga, recuperaremos la capacidad de decisión y dejaremos de ser rehenes de las tomas de razón".

Tras la celebración de dicho pleno extraordinario se convocaría igualmente una junta de gobierno local extraordinaria para incoar el expediente de contratación de una entidad gestora de la recaudación que garantizase los fondos necesarios mensualmente. "Esto es así porque -según explicó la alcaldesa- el gobierno municipal necesita 6,5 millones de euros para poder afrontar los pagos prioritarios y la recaudación mensual varía, siendo la más elevada en junio, cuando alcanza los 21 millones de euros, y con la recaudación del IBI, otros 18 millones".

Tras este anuncio y una larga polémica, especialmente porque el PSOE no veía con buenos ojos esta operación por las consecuencias económicas para Diputación, ayer finalmente compareció el responsable del área de Economía, Hacienda y Contratación de Diputación, Juan Antonio Liaño, para dar cuenta de este asunto. "A la Diputación de Cádiz no le gusta que el Ayuntamiento de Jerez rescinda el convenio que mantiene con la institución provincial para la gestión tributaria en el término jerezano, si bien comprende la decisión a tenor de la situación de ruina que ha encontrado el actual gobierno municipal". Esta fue la reflexión realizada ayer por el responsable del área de Economía, que compareció ante los medios tras presidir la comisión informativa de Hacienda donde se analizó la ruptura del acuerdo con el Ayuntamiento de Jerez.

Entre otros datos, Liaño reveló la "magnitud" de los compromisos de pago -"tomas de razón"- autorizados por la ex alcaldesa Pilar Sánchez y ejecutados por los anteriores responsables de Hacienda de Diputación: "Más de 540 millones de euros, adeudados a proveedores, entidades financieras y concesionarias y con unos periodos de abono que llegan, en algún caso, hasta el año 2031". Estos compromisos, además, "anulaban la voluntad municipal para resolver el destino y la prioridad de sus gastos, amenazando incluso el pago de nóminas a la plantilla municipal como obligación preferente", explicó ayer el responsable popular.

A juicio del diputado de Economía, Hacienda y Contratación "estas tomas de razón son una barbaridad política y económica". Juan Antonio Liaño indicó igualmente "la constancia de compromisos de pago fechados el 31 de mayo de 2011, en un periodo de transición, de vacío de poder, en el que los anteriores responsables -municipales y provinciales- formaban parte de gobiernos salientes".

Así las cosas, Diputación, tras conocer la decisión del Ayuntamiento de Jerez, "ha encargado a la asesoría jurídica la emisión de un informe en el que se determinen las consecuencias de la ruptura del acuerdo; y también ha constituido una comisión técnica que resolverá la liquidación del convenio en términos económicos. Al pleno de la Corporación provincial se le dará cuenta de esta rescisión", reconocieron.

Juan Antonio Liaño valoró la vocación de "servicio público" de Diputación, cuyo Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria asiste a los Ayuntamientos "sin mirar su color político, tal como pueden acreditar por ejemplo la alcaldesa de La Línea o los alcaldes de Barbate o Prado del Rey. Pagamos los anticipos los días 20 de cada mes y, frente a situaciones excepcionales, buscamos remedios excepcionales".

Liaño destacó que la renuncia de Jerez "no supondrá la quiebra técnica" de Diputación. De hecho Diputación "acaba de cerrar una operación de crédito -garantizada con las estimaciones de recaudación- que permitirá anticipar 125 millones de euros a los municipios que encomiendan su gestión tributaria a la institución provincial". Esos anticipos han sido concedidos por entidades financieras, sobre la base del 75% de la recaudación prevista en el Impuesto de Bienes Inmuebles y en el Impuesto de Actividades Económicas. Además, recordó que la mayoría de los municipios de la provincia (41 sobre 44) tienen encomendada su gestión tributaria a Diputación (todos salvo Cádiz, Rota y Chiclana). Igualmente, la gestión de Diputación "permite mejorar los índices recaudatorios -con una actualización eficaz de los padrones de contribuyentes- y aporta los beneficios de la economía de escala en la obtención de créditos al objeto de anticipar puntualmente fondos a los Ayuntamientos".

Cabe recordar que, pese a la ruptura del convenio, la alcaldesa María José García-Pelayo, en su comparecencia del día 15 de febrero, ya lanzó un mensaje de tranquilidad a los proveedores y entidades financieras que tenían comprometidas las tomas de razón a través de Diputación. "El Ayuntamiento no va a dejar de pagar pero sí se van a plantear otras condiciones de pagos y se va a establecer un nuevo calendario que se consensuará con los afectados por estas tomas de razón", dijo. Igualmente, ya en aquel momento la regidora agradeció "especialmente al presidente de la Diputación, José Loaiza, al diputado de Hacienda, Juan Antonio Liaño, y a los técnicos de la institución provincial la paciencia y el trabajo que han realizado con el Ayuntamiento de Jerez ya que hemos ido de la mano para buscar soluciones. Y desde luego esta recuperación de la recaudación no va a suponer que el Ayuntamiento deje de cumplir con sus obligaciones con Diputación".