La sección octava de la Audiencia Provincial acogerá los próximos 13 y 14 de abril una nueva vista oral correspondiente a la segunda fase del juicio de la operación antidroga Corralito.

En esta ocasión el juicio despierta un especial interés ya que se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Local, P.J.B. y J.M.N.L., a los que la Fiscalía les imputa un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, una noticia que en su día despertó un gran revuelo.

Hay que señalar igualmente que en un primer momento a estos dos agentes se les unía un tercero, en este caso de la Policía Nacional, si bien el juzgado de Instrucción número 3 archivó su causa.

El ministerio público pide para ambos agentes, que pertenecen al grupo de Investigación, entre cuyas funciones está la de perseguir el tráfico de droga, una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por espacio de diez meses, además de tener que asumir las costas del procedimiento.

Según el escrito de calificación del fiscal, en mayo de 2009 el agente J.M.N.L recibía presuntamente una llamada de Manuela G. M., una de las personas que ya han sido condenadas por un delito contra la salud pública en la primera de las tres fase de este juicio. Según el ministerio público, Manuela informaba al agente de una venta de droga que se iba a llevar a cabo en su domicilio, por lo que dio parte a su superior, el imputado P.J.B., y, posteriormente interceptaba al presunto comprador y le intervenía 0,46 gramos de cocaína, levantando la correspondiente acta.

Para el fiscal, el que ambos no informaran de esto al grupo de Estupefacientes de la Policía, ni que dieran cuenta de que Manuela G. M. se dedicaba a la venta de droga representa una dejación en sus funciones.

Como se recordará, la primera fase del juicio de la operación Corralito se saldó con las condenas a 12 personas, que cumplen penas de entre tres años y medio y seis años y medio de prisión . La tercera y última vista de esta fase tendrá lugar en mayo y en ella se sentarán en el banquillo otras ocho personas a las que la Fiscalía imputa un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de sustancias y otro de depósito de armas prohibidas y de armas de guerra a uno de ellos, solicitando penas que oscilan entre los diez años y seis meses y los cuatro meses de prisión.