El gobierno municipal se defendió de los reproches realizados por Izquierda Unida tras conocerse que el TSJA ha anulado las tarifas de abastecimiento y depuración del año 2015 tras un recurso de los ayuntamientos de Torrecera y Estella.

Para ello, recordó que el PSOE no gobernaba la ciudad cuando se aprobó la modificación de tarifas en pleno y que, de hecho, este partido "votó en contra". La modificación de las tarifas fue aprobada en solitario por el PP que durante el pasado mandato tenía mayoría absoluta. 

Acto seguido, cargó contra el anterior ejecutivo del PP señalando que no entiende cómo "lo llevó al pleno cuando lo lógico sería que se postergara su aprobación hasta que los datos económicos fueran comprobados”. El fallo del TSJA se sustenta en que no se justificó el cambio de precios con un análisis económico propio sino que se sustentó en el estudio elaborado por la empresa concesionaria. 

Entre los reproches realizados por IU al gobierno socialista se apunta que durante este mandato no haya modificado las ordenanzas a pesar de que podría haberlo hecho tanto en 2016 como en 2017 y 2018. En cambio, el ejecutivo socialista se defiende señalando que ya estaba trabajando en este asunto 

Así, aludió a que la próxima semana, concretamente el jueves, se llevará a pleno una modificación de las ordenanzas de abastecimiento, saneamiento y depuración para aplicar el IPC a las tarifas ya que está obligada a hacerlo por contrato con la empresa concesionaria, Aquajerez. 

Por ello, insta a IU a aprobar las ordenanzas puesto que estas ya "no se recoge la tarifa anulada por la sentencia". "Esta propuesta del actual gobierno municipal se trabajó antes de conocerse la sentencia, de hecho, con fecha de 8 de noviembre, ya se había llevado al Consejo Social de la Ciudad, para su dictamen, como saben los representantes de IU”, añade en el comunicado.

Asimismo, se apunta que los técnicos municipales tienen ahora que analizar "los efectos de la ejecución de la sentencia" aunque ya avanza que "no afecta" a la factura del agua que vienen abonando los usuarios, puesto que solo se refería a la que la pedanía de Torrecera tiene que abonar a partir de la asunción de la gestión directa".

Por último, el gobierno de Mamen Sánchez insiste en su defensa señalando en que están "obligados a respetar los acuerdos de pleno de los gobiernos anteriores ya que están vigentes y se presumen legales hasta que una sentencia diga que no lo es como es el caso siendo un problema más de los originados por la mala gestión del anterior gobierno municipal”.