Provincia de Cádiz

La Cámara de Cuentas detecta "deficiencias"en el Consistorio en el año 2006

  • Fiscalizan áreas municipales durante el periodo que gobernaba el Partido Popular

La Cámara de Cuentas de Andalucía emitió ayer el informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Sanlúcar a 31 de diciembre de 2006, (cuando aún gobernaba el PP) en el que ve algunas "deficiencias", como el hecho de que la plantilla municipal "no respondía a los principios de racionalidad, economía y eficacia, ya que, a pesar de ser suficientemente amplia, se recurrió a la colaboración de personal eventual en puestos de trabajo cotidiano".

La Cámara de Cuentas indica que el presupuesto de la Corporación sanluqueña ascendió en el año 2006 a 47,479 millones de euros y señaló que la aprobación definitiva del mismo y de su liquidación se realizó fuera de los plazos establecidos. En cuanto a los estados anuales, según la Cámara de Cuentas, resulta significativo el remanente de Tesorería negativo para este ejercicio de 79,8 millones de euros.

Asimismo, el informe señala que el trabajo realizado sobre los sistemas de control interno ha puesto de manifiesto "numerosas deficiencias que impiden asegurar la fiabilidad e integridad de las operaciones realizadas". No obstante, indica que desde 2004 la intervención de la Corporación inició determinadas actuaciones tendentes a regularizar las deficiencias de control existentes, ya que se llevó a cabo una depuración de partidas de ingresos por 27 millones de euros y se aprobó el reconocimiento extrajudicial de créditos por un millón de euros.

Asimismo, las relaciones de deudores y acreedores "no reflejaban con exactitud los saldos que, de forma agregada, figuran en los estados y cuentas, lo que supuso una limitación al alcance".

Finalmente, señaló que no está establecido un procedimiento que permita el seguimiento y control de la contratación administrativa, detectando la Cámara de Cuentas contratos que se tramitaron como de consultoría y asistencia y de servicios, "pero que se tenían que haber articulado conforme a la regulación de los contratos de gestión de servicios públicos", así como "retrasos en la ejecución de los contratos sin que se adoptaran las oportunas medidas".

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