El uso improcedente de las tecnologías ha conllevado a una subrepticia vulneración, en general, de la intimidad. Un contexto que particularmente ha afectado al menor, una figura que por sus características tiende a ser más protegida por las autoridades. Lo ocurrido días pasados en San Roque recupera el debate sobre la protección del menor contra la utilización poco ética de los smartphones por parte de adultos e incluso entre menores. En este caso, un hombre de nacionalidad alemana filmó con su tableta digital a una menor de edad mientras ésta cenaba con sus padres en un restaurante de Sotogrande. El padre de la menor se percató de ello y se acercó a recriminar dicha conducta. Después de comprobar el contenido grabado en el dispositivo propinó al ciudadano alemán un puñetazo mortal. Y poco después trascendió que el hombre en sí era un pedófilo en libertad con cargos y que poseía material pornográfico infantil. En concreto, según explica el fiscal de Protección de Menores en Cádiz, Pedro Gosálvez, en este caso hubo una vulneración de la intimidad de la víctima al ser grabada en un sitio público sin consentimiento. Aunque esta circunstancia sea extrapolable a cualquier persona, el hecho de que una menor sea protagonista agrava las circunstancias del delito contra la intimidad. "Una cosa sería que la pillara tomando el sol y otra cosa es que la pillara en imágenes de contenido sexual y entonces todavía sería más grave la pena", matizó Gosálvez.

A partir de aquí, se abre otra controversia a raíz de este hecho: la relación del menor con las tecnologías, en concreto, con el uso invasivo de la intimidad que estos le dan en muchas ocasiones al móvil o a las redes sociales por inconsciencia. "Está claro que es un dato objetivo que este tipo de delitos, los cometidos con tecnologías, con menores y entre menores, desde luego aumentan muchísimo", aseguró el fiscal. No obstante, entiende que "los menores tendrían que aprender a valorar mejor su intimidad y que sepan que lo que mandan a la red deja de ser suyo y no tienen esa consciencia".

Si bien desde la Fiscalía de Protección del Menor reconocen que los casos de maltrato están descendiendo, la tenencia prematura de un smartphone por parte de los menores está aumentando los casos referentes a imágenes de menores con contenido sexual circulando por las redes. Y aquí Pedro Gosálvez habla de dos momentos concretos para la constitución del delito: la obtención de la imagen y la divulgación del material.

"En lo primero, en conseguir la imagen, no hay necesariamente delito si se consigue la imagen con consentimiento de la víctima. Aunque sea un consentimiento discutible, este existe. No hay infracción penal. Pero si se adquiere con coacción o intimidación, pues puede haber una falta de coacciones o un delito en casos más graves. Por ejemplo, también es delito entrar en el disco duro de otra persona y apropiarse de la imagen ilícitamente". El segundo paso más común entre menores es divulgar contenido que puede ir desde fotografías eróticas hasta el masivo envío a terceras personas de vídeos de felaciones y actos sexuales de menores. " En la divulgación posterior sí hay delito, y será un delito más grave en caso de ser una imagen sin consentimiento. Si una niña le pasa a un niño su imagen de forma consentida y luego éste la divulga a sus amigos aquí puede haber delito. Sólo no lo hay si se difunden con consentimiento de la víctima", advirtió Gosálvez. Una divulgación masiva puede ser paralizada por el juez, que evitaría así que se siguiera esparciendo el contenido ilícito.

No obstante, la viralidad de los contenidos en la red enfrentan a la justicia con un fenómeno relativamente nuevo: en pocos segundos, una imagen que no debe circular por internet acaba llegando a millones de personas. En este caso, Gosálvez cree que "habría que castigar al que consigue la imagen y al que divulga, pero hay que parar en algún momento. A lo mejor irían a juicio los primeros que cometieron el delito y a los que se les pueda acreditar mejor el delito. En algún momento hay que parar, no se puede llevar a juicio a cincuenta menores". 

Por el momento no hay campañas de concienciación desde la Fiscalía. Una cuenta pendiente que, admitió, "sería interesante hacer" en los colegios a través de charlas.