Sobre él se vertieron grandes esperanzas y, quizás, justo por ello, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no termina de convencer a los colectivos sociales y a las personas en situación vulnerable a las que, principalmente, va dirigida esta novedosa figura aprobada el pasado 10 de junio. Enredos burocráticos, tramitaciones eternas y un sistema de acceso virtual, que no está al alcance de muchos de los posibles beneficiarios, son algunas de las debilidades de esta prestación no contributiva que en nuestra provincia le ha sido reconocida a 8.493 personas. Una cifra (a la que se suman 4.665 personas que en junio recibieron de oficio el primer pago de su derecho) que está lejos de las 41.930 solicitudes recibidas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social pero que, sin embargo, convierte a Cádiz en la cuarta provincia española con mayor número de expedientes aprobados, sólo por detrás de Madrid (12.897), Sevilla (11.495) y Valencia (8.563).

Un triste título que da cuenta de la necesidad imperante en la provincia con más paro de la piel de toro y que abraza algunos de los municipios “con las rentas más bajas del país”, tal y como recuerda la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA, Carmen Ferradans que, aunque es consciente de “las sombras” de esta “singular” prestación, la considera “necesaria”, “muy positiva” y “un punto de inflexión” en nuestro sistema de garantías con la capa más desarropada de nuestra sociedad.Con todo, Ferrands entiende y comparte las quejas que colectivos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) achacan al IMV, motivos por los cuales esta organización ha convocado una concentración a las puertas de la sede gaditana del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante este mediodía del 23 de octubre.

“La enorme demanda que ha habido en nuestra provincia en comparación con otras más grandes como, por ejemplo, Sevilla (sólo con 17.503 solicitudes más que en Cádiz) nos da una idea de la falta que hace aquí el Ingreso Mínimo Vital”, explica María José García Orenes que durante estos meses se ha dedicado, desde la APDHA, a ayudar y asesorar a los ciudadanos interesados en la prestación y detectando debilidades en el sistema tan básicas como “la brecha digital”.

“Muchas de estas personas, por un lado, no cuentan con acceso a un ordenador o a internet y, por otro, les cuesta entender el lenguaje de estas solicitudes, a veces, tan inaccesible”, explica sobre un proceso que sólo se podía hacer de manera telemática.

Pero de todas las flaquezas del IMV, una de las más destacables y criticadas es el retraso en la resolución de los expedientes presentados. Recordemos la realidad en la provincia de Cádiz, 16.021 expedientes resueltos de más de 41.900 presentados, con todo, la sexta provincia española con mayor número de solicitudes revisadas. “Indudablemente en la tramitación hay un colapso importante, sólo hay que recordar las previsiones que tenía el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, un reconocimiento de unas 850.000 prestaciones a finales de este año, y observar que a día de hoy no llegan a 150.000”, apunta la profesora sobre un proceso también “excesivamente lento” para García Orenes: “La idea de que se haya aprobado esta norma nos parece fundamental y primordial pero la tramitación y la gestión ha sido un poco caótica. No sé si ha sido porque no se ha previsto la cantidad de demandantes que iba a haber... Pero, el caso, es que no se ha estado a la altura”.

Impresiones que son ratificadas no sólo con datos sino con las propias decisiones del subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, que ayer mismo anunciaba que “el INSS incrementa su plantilla” para agilizar la tramitación con “la contratación de nuevos interinos, que se están incorporando entre esta semana y la que viene”. Un refuerzo “muy importante” a los empleados públicos que ya trabajan “sin descanso y de manera muy minuciosa para que la prestación llegue lo antes posible a los beneficiarios y para que no se produzcan errores en la tramitación”, valoraba Pacheco.

Errores que en algunas ocasiones responden a la falta de algún tipo de documentación. Y, he aquí, otra de las grandes trabas del IMV para cumplir con su objetivo de disminución de la pobreza. “Me consta que existen problemas con la acreditación de los requisitos exigidos para la concesión de la prestación sobre todo con dos documentos, el que acredita la ausencia de rentas e ingresos y el de la residencia legal y efectiva en España”, afirma Ferradans y confirma sobre terreno la trabajadora de la APDHA.

“Se supone que el IMV se ha hecho para las personas vulnerables y, sin embargo hay colectivos que por falta de acreditación de estos documentos se pueden quedar fuera como las personas sin hogar, que muchas no están empadronadas –Menchu Romero, coordinadora de los recursos para este colectivo del Ayuntamiento de Cádiz reconoce que “le hemos presentado las solicitudes a todos nuestros usuarios y no hemos recibido contestación sobre ninguno”–; los migrantes en situación administrativa irregular, pues la normativa dice que hay que acreditar un año de residencia en España; o los solicitantes individuales a los que se les pide un año cotizando, cosa que no se entiende porque es una prestación no contributiva y porque se crea así una diferencia entre que pertenezcas o no una unidad familiar”, detalla.

La cuantía –461,5 euros a título individual y 1.015,3 euros máximo por unidad de convivencia– de esta prestación suelo – “lo que el beneficiario percibe es lo que se le resta a esa cantidad de los ingresos o renta que pudiera tener mensualmente”– es otro de los aspectos “discutidos” de esta figura aunque Ferrandans recuerda que “en una situación económica como la que estamos viviendo, con una emergencia sanitaria que deriva en una crisis económica, es complicado ampliar esas cantidades para las que se han liberado 3.000 millones de euros este año”. “Sinceramente aunque hay mucho que pulir y aunque no es muy elevada, es una prestación muy positiva ya que perdura en el tiempo e introduce ciertas flexibilizaciones como con el colectivo de mujeres víctimas de maltrato”, opina Ferradans que recuerda que en 2017 ya hubo una iniciativa legislativa popular impulsada por los sindicatos que llevó al Parlamento “la creación de una prestación de este tipo” cuya cuantía ascendía “al 80% del IPREM, 426 euros entonces, es decir, que en todo momento se contempló que no podíamos hablar de cuantías elevadas porque hay que hacerla compatible con la solvencia financiera del sistema”.