La incierta situación de las obras del tranvía en el tramo de San Fernando tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordena la paralización de los trabajos al considerar que se trata de un proyecto "manifiestamente ilegal" llegará al Parlamento andaluz. Tanto PP como IU exigieron ayer la comparecencia urgente de la consejera de Obras Públicas y Transportes, Josefina Cruz Villalón, para rendir cuentas sobre este asunto que, de no mediar un pronto acuerdo con los afectados por las expropiaciones llevadas a cabo en la zona de Montañeses de la Isla, llevará irrremediablemente a la paralización de unos trabajos que ya están en su recta final.

El parlamentario y candidato a la Alcaldía isleña, José Loaiza, reclamó a la máxima responsable autonómica de la actuación que diera cuenta en el Parlamento "de las consecuencias que para el proyecto del tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz tiene el auto del TSJA". "Aún cuando la Junta interpreta que la paralización sólo afecta al tramo de la calle Real de San Fernando, desde el PP se considera que por su ubicación central supone de facto un retraso considerable hasta que el contencioso se resuelva en la totalidad del trayecto de San Fernando hasta Chiclana", afirmó. Los populares instan así a la Junta a que negocie con los afectados y recuerdan que, a pesar de las irregularidades advertidas en la sentencia de noviembre, "no ha actuado al respecto en todo este tiempo". El parlamentario andaluz de Izquierda Unida por Cádiz, Ignacio García, recordó que su grupo también había solicitado la comparecencia de la consejera y aseguró que la Junta de Andalucía "ha perdido toda la credibilidad posible sobre el tranvía en San Fernando y, en general, sobre su apuesta por el ferrocarril como medio de transporte sostenible".

Recuerda que, tras conocerse las primeras sentencias a favor de los expropiados, la Junta se comprometió a intentar llegar a un acuerdo con los afectados, "cosa que no ha hecho y ahora recibe un nuevo revés que pensamos que prácticamente cierra el camino jurídico y deja únicamente el de la negociación, aunque en una posición para la Junta mucho más débil que antes".