El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO) ve "con absoluta incredulidad cómo el Ministerio de Justicia pretende aprobar unilateralmente, por la vía del Decreto Ley, unas modificaciones legislativas que constituyen un ataque frontal al funcionariado al servicio de la Administración de Justicia".

Según SPJ-USO, el ministro Juan Carlos Campo debería respetar los elementales principios constitucionales relativos a la negociación colectiva y no aprovechar la ocasión para “cargarse de un plumazo” los derechos de los funcionarios de Justicia, "quienes, contra viento y marea, han demostrado su capacidad y disponibilidad para trabajar con escasos y limitados medios y con un nivel de exposición al contagio lamentable". Así, el sindicato ha denunciado en un comunicado que se han dado numerosos casos positivos en Covid-19 entre la plantilla judicial, que ha tenido que desempeñar sus funciones "con deficientes y tardías medidas de seguridad".

"Exigimos al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, la negociación inmediata de todos aquellos aspectos que suponen la modificación de las condiciones de trabajo de los funcionarios, pues medidas como declarar hábil el mes de agosto para la realización de actuaciones judiciales implica la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, al encontrarse los menores en periodo vacacional y sus padres, obligados a trabajar", explica el sindicato en la nota.

SPJ-USO ha criticado también "la improvisación" del Ministerio de Justicia, "que instaura una movilidad indiscriminada sin tener en cuenta la dispersión de órganos judiciales en la mayoría de las ciudades de nuestro país". 

Por último, el sindicato ha reclamado al Ministerio de Justicia la inmediata adopción de todas las medidas tendentes a garantizar la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia, para lo cual es necesario el preceptivo Plan de Evaluación de Riesgo así como la entrega diaria de los correspondientes Equipos de Protección Individual a los funcionarios que acuden a las sedes judiciales.