El Consejo Regulador, y el Marco de Jerez en su conjunto por extensión, pueden respirar algo más tranquilos tras la sentencia de la Audiencia nacional, que recorta en un 75% la sanción de 400.000 euros de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) a la institución del vino, fijándola en 100.000 euros.

La estimación, aunque parcial, del recurso de la institución del vino es "muy importante" porque al margen de la reducción sustancial del importe de la multa, el Consejo estima que tendrá repercusión directa en el resto de actuaciones de la CNC contra el sector.

Pese al alivio por la rebaja de la cuantía de la multa impuesta por Competencia, el presidente del Consejo, Antonio Fernández, anunció ayer en rueda de prensa su intención de recurrir ante el Supremo -para lo que habrá que salvar el escollo procesal de la cuantía mínima de 150.000 euros que se exige para el recurso de casación- por las muchas contradicciones observadas en la sentencia de la Audiencia Nacional, pues aunque acepta los argumentos de la institución del vino, y estima que no hubo mala intención, no los considera "eximentes, sino atenuantes". "De entrada tenemos la reducción del 75% de la sanción, pero queremos la nulidad, que hubiera sido lo lógico", apuntó Fernández.

El Consejo quiere lavar su imagen, que queda manchada al prevalecer la culpabilidad no dolosa sobre la nulidad solicitada por el Consejo contra la sanción de Competencia, tras la que reside la comisión de una práctica contraria al libre mercado que merece ser castigada, en este caso el establecimiento de un cupo de ventas para las bodegas en función del promedio de un periodo histórico en lugar del sistema lineal acorde con las existencias.

En otras palabras, la sentencia de la Audiencia Nacional pone de manifiesto que la multa era desproporcionada, y aunque discute el fondo, no se pronuncia abiertamente sobre la legitimidad del Consejo para adoptar medidas que incidan en el mercado.

En su comparecencia junto al secretario general del Consejo, César Saldaña, Fernández mostró su satisfacción por la sentencia, al tiempo que elogió el trabajo desarrollado por su antecesor en el cargo, Jorge Pascual, su equipo y los servicios jurídicos de la institución. "Es una buena noticia de los tribunales, que dista mucho de la posición de Competencia y quizás no sea la última, porque estamos pensando en recurrir ante el Supremo", dijo el presidente.

En cuanto a la estimación parcial, Fernández mostró su contrariedad, ya que "la sentencia acepta que la normativa permite la adopción de medidas de mercado en el vino y entiende que la legislación agrícola prima sobre la de Competencia, aunque con matices", sobre los que no se pronuncia la Audiencia Nacional.

Entre las contradicciones en las que incurre la sentencia, el presidente del vino citó que "también considera adecuado, porque ha existido de casi siempre, que el Consejo adopte medidas para limitar las ventas en función de las existencias, pero no por unas ventas históricas".

En cualquier caso, el Consejo interpreta que la rebaja de la multa "permite una reflexión" sobre la segunda sanción impuesta por la CNC -en este caso de casi siete millones de euros al Consejo, Fedejerez y nueve bodegas por actuar supuestamente como un cartel en el mercado del BOB-, a la que "como mínimo deben extenderse los efectos de la primera sentencia". "Competencia debería repensar de oficio la propuesta de la segunda sanción, que tiene identidad de hechos del primer expediente y en derecho existe el principio de bis in idem, que impide imponer la misma sanción dos veces", puntualizó.

Sobre el segundo expediente, Fernández y Saldaña explicaron que mientras que el recurso al primero se ha resuelto "relativamente rápido" -en poco más de un año-, el Consejo no espera que el del BOB esté antes de 2012 por su complejidad. Y en cuanto el tercer expediente, relativo al precio de la uva, el Consejo cree que "está un poco en el limbo", es decir, que va para largo.