La juez María Núñez Bolaños, que instruye la causa de los ERE, ha impuesto una fianza civil de 353.353,96 euros al ex dirigente de CCOO en Andalucía Juan Antonio Florido, imputado en la causa de los ERE durante la segunda fase de la operación Heracles que su antecesora, Mercedes Alaya, dirigió en octubre de 2013. La medida se ha impuesto precisamente dos años después de que lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.

La juez atribuye delitos de malversación y tráfico de influencias al ex secretario de organización y finanzas de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO Juan Antonio Florido, quien en su día se acogió a su derecho a no declarar ante Alaya y al que Bolaños ha concedido un día para la prestación de la fianza.

La fianza civil solicitada incluye los 265.015,47 que Florido cobró de cuatro pólizas, más el tercio legal correspondiente. En un auto dictado el 30 de septiembre, la juez Bolaños señala que el sindicalista ejerció como "facilitador" para la consultora Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración, lo que habría propiciado que les ofreciera un paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".

En el año 2003, Florido se hallaba entre los trabajadores afectados por el ERE de Hytasal, siendo beneficiario de la póliza suscrita para las prejubilaciones de estos trabajadores; pero en el año 2004 volvió a ser dado de alta en el régimen de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena de Hytasal. Según la instructora fue beneficiario de esas cuatro pólizas: la contratada por el ERE y otras tres individuales más, cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.

La Guardia Civil señalaba en un atestado que por la labor que desempeñó para Vitalia, además de las pólizas relacionadas con su prejubilación en Hytasal, "ha estado percibiendo lo que puede considerarse una remuneración por parte de Vitalia" de 600 euros mensuales desde diciembre de 2004 a noviembre de 2010, ascendiendo a 43.472,18 euros.

La juez Bolaños explica ahora que en el caso del imputado Juan Antonio Florido la retribución por la “labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical, beneficiando a Vitalia, habría sido por tanto remunerada mediante la formalización de las pólizas” mencionadas, en las que el tomador, figura que jurídicamente está obligado al pago de la prima, es el propio inculpado o alguna de las empresas del entramado Vitalia, siendo abonadas todas ellas sin embargo por el propio holding.