El Gobierno andaluz ha logrado los apoyos para convalidar en el Parlamento un nuevo decreto de simplificación, el tercero de la legislatura y el más voluminoso de los tres. Como ocurrió con los otros dos, los diputados de Vox serán quienes permitan la aprobación de un texto que que modifica 80 normas y retoca 329 trámites administrativos y que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha convertido en una de sus prioridades. Sobre este decreto planeaba el fantasma del adelanto electoral, ya que una derrota parlamentaria como la que el Gobierno sufrió con el Presupuesto de 2022 alimentaría el argumento de bloqueo y daría razones a Juanma Moreno para explicar la convocatoria de comicios anticipados. No hubo tal fracaso y, de hecho, el Gobierno logró sacar adelante los otros dos decretos y las dos leyes que figuraban en el orden del día en una suerte de reconciliación con Vox, que también apoyó la ley de tasas después de que el texto estuviera cerca de ser avalado por la izquierda.

"Hoy no somos pinza, somos imperdible", ha dicho el diputado de Vox Alejandro Hernández en el debate de otro de los decretos debatidos en el Pleno. Juanma Moreno, a mediodía, había puesto la venda antes de la herida e incluso anunció que su Gobierno se encargaría de divulgar que la izquierda y sus socios habituales habían tumbado este decreto, algo que, finalmente, no ha ocurrido. El mensaje de Moreno iba dirigido a "los autónomos y los pequeños comerciantes", a quienes, según el Ejecutivo andaluz, beneficia esta norma.  "Hemos dialogado con todos, con organizaciones empresariales y sindicales", ha añadido después Moreno, que se rodeó hace unos días de gran parte del empresariado andaluz para presentar el texto en un gesto que en Vox le han afeado por utilizar "a las organizaciones empresariales a su beneficio".

Durante el debate sobre el decreto, la diputada Ángela Mulas ha aludido a esa "responsabilidad" que lleva a Vox a apoyar el texto, pero también ha reconocido que los reparos su partido tienen más que ver con la celeridad con la que el Gobierno ha tramitado una norma de un calado tan profundo. No es baladí que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, haya argumentado durante su defensa del texto que la simplificación administrativa forma parte de la "agenda España", el programa estatal de Vox. PSOE y Unidas Podemos comparten con Vox las críticas a las prisas del Ejecutivo por aprobar este decreto, pero además están en contra del fondo. El socialista Mario Jiménez ha hablado de "cacicada", pero también ha asegurado que el objetivo del texto no es simplificar, sino "desregular" por presiones de las "grandes empresas". Inmaculada Nieto, en la sesión de control, aseguró que el decreto sirve para tapar la "inacción" del Gobierno en los últimos tres años.

A pesar del éxito cosechado por el Gobierno, las negociaciones para la aprobación del decreto de simplificación han sido in extremis. Cuando Elías Bendodo y Rogelio Velasco presentaron el texto hace sólo ocho días, no habían mantenido conversaciones con Vox, que se han desarrollado con éxito a lo largo de la jornada. Era la única opción que tenían en la Junta, ya que el PSOE ofreció su aval si se tramitaba como proyecto de ley para dotar de más diálogo y participación al proceso, pero en San Telmo no tenían intención de pasar por ese aro. Fuentes del Ejecutivo aluden al recurso que los socialistas interpusieron en el Tribunal Constitucional contra el anterior decreto de simplificación como argumento para negociar con el PSOE, que tampoco descarta volver a acudir al TC por los mismos motivos: consideran que no debe utilizarse la fórmula del decreto ley para retocar 80 normas, a pesar de que Mario Jiménez ha asegurado que el "80%" de las medidas son "propaganda barata" y podrían retocarse con una orden. 

Aval a la ley de tasas, de perros de asistencia y dos decretos

El decreto de simplificación ha salido adelante a pesar de esa negociación exprés, mientras que la ley de tasas y precios públicos ha necesitado un camino más arduo para llegar al mismo destino. Se trata de un texto muy trabajado por los técnicos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea y que viene a remozar un texto de databa de los años 80 y que incluía precios en pesetas. Lo llamativo es que durante parte de la jornada, el PSOE e incluso Unidas Podemos estuvieron cerca de apoyar o abstenerse en la votación de esta ley. Los socialistas llevaban semanas hablando con el Gobierno de esta ley para alcanzar un acuerdo, pero finalmente ha sido Vox quien ha permitido la aprobación del texto tras incluir enmiendas que hacen incompatible el apoyo de la izquierda. Aquí destaca una que incluye beneficios fiscales a las víctimas de "violencia doméstica", algo que PSOE, UP y los diputados no adscritos de Adelante consideran que es una muestra de negacionismo contra el problema de la violencia de género. 

El resultado, a pesar de los distintos caminos, es un pleno de normas aprobadas en una sesión plenaria marcada por la explosión de la sexta ola y por las críticas de la izquierda al Gobierno por el colapso que vuelve a vivir la atención primaria ante el aumento de contagios. Pero la bronca no ha sido suficiente para tumbar normas consensuadas, como la ley de perros de asistencia, que ha sido aprobada por unanimidad, o los decretos de ayudas al turismo y el empleo. Habrá que esperar para que se produzca ese bloqueo que justifique un adelanto electoral y el Parlamento, salvo sorpresa, no volverá a reunirse hasta febrero, por lo que será difícil que el citado bloqueo haga acto de presencia en las próximas semanas.