ANÁLISIS

Pacto por la Industria, agentes y actores

  • El autor prevé que el acuerdo conduce a bloquear la iniciativa de la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía que sugería la redacción de una Ley de Fomento Industrial

Esta misma semana, el pasado lunes, en el Palacio de San Telmo, los firmantes habituales sellaron el Pacto por la Industria, si bien se ha introducido la buena idea de ir sumando adhesiones. Puede entenderse este compromiso -es un pacto- y lo florido de la asistencia desde varias perspectivas. Una es la de extender el consenso sobre la inevitable necesidad de ampliar la actividad industrial en Andalucía y sumar voluntades en torno a la Estrategia Industrial de Andalucía (EIA 2020), un proyecto francamente meritorio y que aquí mismo he reconocido, cuyos propósitos constituyen lo sustantivo del pacto.

Otra, no sólo por la asistencia, podría ser el interés político del acto y, quizá, anticipar el pacto de Estado que se venía sugiriendo a finales de 2016. Pero no puedo dejar de señalar otros dos extremos. Al menos como conjetura, este pacto conduce a bloquear la iniciativa promovida desde hace meses por la Asociación Superior de Ingeniería de Andalucía (ASIAN) que con empeño habían ido sumando adhesiones a un documento que, entre otras proposiciones, sugería la redacción de una Ley de Fomento Industrial; probablemente necesaria para ordenar la regulación y la acción públicas sobre este sector.

Y no como conjetura, la firma del pacto contribuye a mantener viva la práctica de la concertación social por la vía de acuerdos sectoriales, lo que muy probablemente se repetirá tras la promulgación de la futura Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, visto el papel que en su borrador se asigna a los agentes sociales y económicos.

La concertación social no es el objeto de este artículo, sino la Industria, pero alguna consideración hay que hacer sobre esto. Desde principios de los años 90 cada vez más ámbitos de la política económica han sido objeto de concertación -con o sin grandes actos públicos- y no creo que pueda decirse que tal política haya resultado ser un éxito. No, desde luego, en términos de convergencia del PIB per cápita con el promedio nacional o en la tasa de desempleo.

Y tampoco en lo que atañe a acuerdos industriales, el primero de los cuales derivó del primer Programa Industrial para Andalucía (1992 ó 93, si no recuerdo mal): no puede decirse que la industria regional, salvo alguna rama muy concreta, haya tenido un progreso extraordinario. Curiosamente, las grandes satisfacciones provienen, casi sin excepción, de industrias que ya existían antes del nacimiento de la Junta de Andalucía. Y que, casi también sin excepción, fueron consideradas actividades poco menos que obsoletas por parte de más de un consejero del ramo, electrizados por las nuevas tecnologías.

Un pacto de esta naturaleza no significa tener presencia o aspirar a ejecutar algunas de las medidas que se dispongan para su desarrollo. Significa, a mi juicio, corresponsabilidad en la ejecución y en los resultados que se obtengan, y muy particularmente en las acciones a tomar cuando se anticipan o hay circunstancias difíciles.

Por poner dos casos del pasado, pero ejemplares: las deficiencias de productividad de Santana y de Delphi eran más que evidentes años antes de sus respectivas crisis, pero no vimos ahí la firmeza de las organizaciones sindicales en apoyo de los remedios que querían establecer las direcciones de ambas empresas cuando todavía se estaba a tiempo. No me cabe ninguna duda de la estima en que los sindicatos tienen a la industria, pero suelen ser más visibles las manifestaciones de apoyo a su sostenimiento antes que la acción práctica, que a veces ha de conllevar mucha firmeza contra las posiciones de la clase representada.

Mencionaba más arriba que algunas de las mayores satisfacciones para los interesados en la Industria provienen de empresas con larga o muy larga presencia en Andalucía, a las que, con excepción de la aeronáutica, y hasta hace pocos años -el cambio de posición es encomiable-, se consideraba poco menos que impropias de la región más sostenible del mundo en permanente estado de remodernización. Fuese por un sesgo hacia las industrias más aparentes del momento, o por atender la opinión interesada de los ambientalistas organizados, la fundición de metales, la producción de cemento, el refino de petróleo, la petroquímica y la química en general o la minería metálica, entre otras actividades, se consideraban de menor interés que casi cualquier otra iniciativa novedosa, como la generación renovable o la biotecnología.

Uno de los argumentos en favor de la Industria es su capacidad de soportar mejor las crisis. Pues bien, esto se observa, precisamente, en países a los que ni se les pasa por la imaginación prescindir de industrias denominadas "maduras" sólo porque existen desde hace tiempo, siglos incluso, ni se empeñan en un reemplazo atolondrado: son los casos de Alemania, Francia, Suiza, Holanda o Suecia, entre otros. Esto tiene que ver con una incomprensión del diferente papel que juega la tecnología en unos y otros sectores. En muchos casos está incorporada en el producto y es clave para sus progresos, pero en otros el papel de la tecnología está en el proceso, permaneciendo el producto con características similares a lo largo del tiempo. Pero créanme si les digo que es muchísimo más complejo técnica y tecnológicamente refinar un barril de petróleo, fundir una tonelada de chatarra o producir un cátodo de cobre que fabricar el ordenador con el que estoy escribiendo.

Creo que las grandes industrias andaluzas son actores verdaderamente llamados a ayudar a hacer realidad los buenos propósitos de la reindustrialización. Están abiertas a una intensísima competencia internacional y han demostrado que su productividad -su tecnología y su buen hacer- compensa mayores costes laborales, la sinrazón de los precios de la energía para las electrointensivas y los a veces mayores costes de cumplimiento regulatorio que sus homólogos europeos.

Creo que en este papel hay tres vectores principales. Uno es ponerse al servicio de la formación profesional dual; otro, facilitar que posibles proveedores regionales puedan ser homologados, con independencia de dónde se encuentre el órgano de decisión sobre las compras; y el tercero, demostrar a sus accionistas que Andalucía es una ubicación más que apropiada para sus ampliaciones o para nuevos proyectos, poniendo también en este empeño sus amplias relaciones internacionales con terceros. Pero aquí es imprescindible la acción coordinada con el regulador e incluso con la acción política del partido que sustenta al Gobierno regional, cuando es necesario que utilice su influencia a escala local.

Finalizo con un ejemplo de este último vector. Cepsa, la mayor industria de Andalucía, tiene una capacidad instalada superior a 20 millones de toneladas/año en sus dos refinerías y cuenta con tres plantas petroquímicas de primera fila. Su accionista, IPIC, además de haber realizado una gran inversión en Huelva hace pocos años -en el entorno de 1.000 millones de euros-, tiene como vector de crecimiento los derivados del petróleo, amén de estar considerando inversiones relacionadas con el refino.

¿Qué debemos de hacer? Preguntarnos cuáles son las ventajas de otras localizaciones, cómo podemos compensarlas cuando se puede y, sobre todo, qué obstáculos -regulatorios y sociales- hay que remover para una buena candidatura ante las decisiones de inversión del accionista. A fin de cuentas, el refino de petróleo es una de las industrias más distintivas de Andalucía y deberíamos aprovechar cualquier oportunidad para desarrollar su actividad aguas abajo.

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