La comisión de auditoría y transparencia del Ayuntamiento abordará esta mañana la polémica surgida en torno a la contratación de la consultora Deloitte en enero de 2015 para que llevara la defensa del Ayuntamiento en las demandas individuales presentadas por los afectados por ERE (Expediente de Regulación de Empleo) ejecutado en el Ayuntamiento en 2012.

El PP, que por entonces gobernaba en el Consistorio, defiende a ultranza la contratación incidiendo en que la adjudicación contaba con todos los parabienes técnicos. En cambio, el gobierno local y el grupo Ganemos Jerez afirman desde hace una semana que pudo haber irregularidades —Santiago Sánchez, que preside la comisión, llegó a decir la pasada semana que fue una contratación “a dedo”—.

Por lo tanto, en la reunión de hoy unos y otros han preparado artillería para defender sus posiciones. El PP pidió ayer por escrito que se permita asistir a la reunión al abogado Alfonso Martínez Escribano, que en un informe a instancias de esta comisión avaló el procedimiento de contratación seguido en 2015. Además, ha planteado la asistencia de dos funcionarias municipales que participaron en el procedimiento de adjudicación.

Sin embargo, aún no está claro si podrán comparecer o no. El PP hizo ayer la petición y, minutos después, le contestó el presidente de la comisión alegando la “imposibilidad de cursar” la solicitud debido a “la premura” de tiempo realizada con respecto a la fecha fijada para la reunión. Ahora bien, el asunto se abordará en el turno de ruegos y preguntas de la convocatoria de hoy y en ese momento se decidirá si se admiten las comparecencias y cuándo se harán.

A día de hoy hay dos informes de sendos bufetes de abogados con conclusiones contrapuestas. El primero, del despacho de Martínez Escribano, no ve irregularidades en la contratación. En su análisis consideraba lógico que se recurriera a esta firma para llevar las demandas individuales pues había diseñado el expediente de regulación de empleo y lo había defendido posteriormente en la demanda por despido colectivo tanto en el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) como en el Supremo.

Sin embargo, y tras un ‘informe sobre el informe’ realizado por el interventor municipal, Juan Raya, a instancias de la Alcaldía, que cuestionaba las conclusiones de Martínez Escribano, se encargó un segundo informe al despacho de abogados de Ernesto Sanguino. Este redundó en las conclusiones del alto funcionario municipal señalando que la adjudicación no cumplía con la ley de Contratos del Sector Público ya que no se ofreció la posibilidad de concurrir a otras empresas.

Se da la circunstancia de que, a pesar de que el gobierno tiene dudas sobre esta contratación, tuvo que pagar a la consultora ya que el servicio de defensa jurídica se acabó realizando. Eso sí, los retrasos en el abono propiciaron que en mayo de 2016, y ante los impagos por parte del Ayuntamiento, Deloitte recurriera al Juzgado. Tras una petición inicial del Ayuntamiento de suspender cautelarmente el procedimiento judicial, la alcaldesa, Mamen Sánchez, firmó en noviembre de ese año una resolución donde se allanaba en la demanda, esto es, aceptaba la obligación de pagar las facturas, a pesar de que el ejecutivo asegura que por entonces ya tenía dudas del procedimiento de adjudicación. Días después el Juzgado de lo Contencioso emitió una sentencia de conformidad y tiempo después se abonaba.

Preguntada por este asunto, la regidora señaló que estaban obligados a abonar estas facturas pues así lo determinaron los informes técnicos que se hicieron ex profeso. De hecho, el informe de Ernesto Sanguino sostiene en su informe que “procedía al abono” del servicio ya que se realizó “a pesar de la improcedencia del procedimiento por el que se ha adjudicado el contrato”.

La comisión decidirá hoy qué hacer con estas contrataciones. Tanto el presidente de la comisión, como Santiago Galván, representante del PSOE en este órgano, no han ocultado su deseo de “llegar hasta el final” dejando entrever que plantearán judicializar esta adjudicación.