Como era previsible, Pedro Pacheco y José López no piensan renunciar motu proprio a sus actas de concejal y han presentado alegaciones para tratar de mantenerse en la bancada de Foro Ciudadano en el pleno de la corporación municipal. El primero presentó ayer sus alegaciones al acuerdo y el segundo lo hizo el pasado viernes aunque las dos son coincidentes. Ambos consideran que el procedimiento es "nulo de pleno derecho" ya que atenta contra sus derechos fundamentales y, por ende, es inconstitucional. Incluso, advierte que va en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos y pone en duda la labor de la oficial mayor del Ayuntamiento, Cecilia García González, a la que acusa de hacer interpretaciones "que le corresponden a los tribunales". Esta empleada municipal firmó el informe que sirvió para iniciar el expediente de declaración de incompatibilidad de ambos concejales, lo que les impide seguir ocupando un cargo público ya que la Ley Electoral no lo permite a los condenados por algún delito contra la administración pública, aunque el fallo no sea firme (ambos están penados por malversación de caudales públicos y prevaricación).

En la alegación presentada, se apunta, para empezar, que la modificación de la Ley Electoral, aprobada en 2011, ha sido "muy criticada que bien merece una cuestión o un recurso de inconstitucionalidad" y de la que apenas hay "jurisprudencia" en su aplicación. Por ello, acusa a la oficial mayor, que ejerce las funciones de secretaria del Ayuntamiento, de haberse "excedido en sus funciones" y de "arrogarse competencias interpretativas". Por ello, consideran que se han vulnerado principios constitucionales y de derechos humanos como la libertad ideológica, de reunión o expresión así como de participar en la gestión pública. Y, tal y como publicara este medio el pasado domingo, Pacheco y López han recurrido también al argumento de que esta ley no se puede aplicar con retroactividad a hechos anteriores a 2011 recordando que ambos "no se encontraban en situación de condenado antes de concurrir a las anteriores elecciones" municipales.

Incluso, aseguran que este precepto de la Ley Electoral omite "el principio de presunción de inocencia" porque entiende que su expulsión de la corporación es una "ejecución anticipada" de la sentencia cuando el fallo aún no es firme por lo que se llega a firmar que este "intento" va en contra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la alegación apuntan: "¿Cómo puede aceptarse que la Alcaldía de un ayuntamiento con un informe de su oficial mayor y los votos de los concejales de su partido puedan expulsar de la corporación a un miembro electo de la misma, sin intervención judicial y pendiente de la tramitación de un recurso de casación en el Tribunal Supremo?".

En sus alegaciones, tanto Pacheco como López también cuestionan el procedimiento ya que advierten que no se puede hacer "depender de los votos de los concejales" asegurando que "si el pretendido expulsado fuese del grupo político mayoritario, obviamente la votación podría ser en contra de la expulsión". Aunque no hace mención de ningún caso, esto ha ocurrido en algunos municipios donde el alcalde condenado se ha negado a iniciar el procedimiento aprovechando la mayoría que tiene en la corporación.

Por último, ambos amenazan con emprender "acciones legales frente a los responsables de la apertura y tramitación de este procedimiento".

Estas alegaciones deberán ser analizadas por el gobierno local y adoptar una decisión al respecto. Si las rechaza, al próximo pleno (que se celebrará a final de mes) se llevaría el cese de ambos y se solicitaría a la Junta Electoral Central que proceda a la sustitución de ambos por otros dos integrantes de Foro Ciudadano.