El subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, reconoce la gran dificultad que supone hacer un seguimiento a empresas que carecen de un centro de trabajo porque prestan sus servicios en la calle, si bien apunta que las tareas de control están dando resultados. Así, destaca que el año pasado se detectó un total de 476 infracciones por empresas ficticias en la provincia de Cádiz, cifra que la coloca en cabeza a nivel andaluz (una de cada tres se localizan en esta provincia). Valga como dato que en 2012 se detectaron 390 infracciones por empresa ficticias en Andalucía, pasándose en apenas un año a 1.247. "Todo ello ha sido fruto del incremento del control", explica De Torre.

A esto se une, dice el subdelegado del Gobierno, el hecho de que la Administración "esté especialmente atenta a los nuevos tipos de fraude que se prodigan en la sociedad para combatirlos". Este año están previstas unas 17.000 inspecciones en la provincia de Cádiz, de las que unas 7.500 se destinarán a detectar este tipo de irregularidades.

Para el representante del Gobierno en Cádiz, "un dato especialmente importante es que los 2,6 millones de euros que fueron ingresados indebidamente como prestaciones ya han sido localizados "y reclamados". Serán sus beneficiarios quienes deban reintegrarlos a las arcas públicas. El caso, según apunta De Torre, nació cuando un inmigrante marroquí acudió a comprobar si estaba dado de alta en la Tesorería. Fue entonces cuando saltaron las alarmas "y se comenzó a tirar del hilo".