El pleno municipal ha dado el visto bueno este jueves a la modificación de las normas urbanísticas municipales que regulan la protección del patrimonio en el centro histórico. La propuesta, que ha salido adelante por mayoría (Partido Popular y el concejal no adscrito Ángel Cardiel se han abstenido), se expondrá públicamente en próximos días para que puedan presentarse alegaciones.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado en 2009, cuenta con una serie de normas encaminadas a fijar unos niveles de protección y a especificar los tipos de intervención que se pueden ejecutar en los inmuebles del centro histórico. Asimismo, cuenta con un catálogo donde se pormenoriza, finca a finca, las determinaciones de conservación, protección, puesta en valor y mejora de elementos del patrimonio local.

Sin embargo, a lo largo de estos más de 12 años de vigencia del planeamiento, la Delegación de Urbanismo ha detectado la necesidad de “actualizar” estar normas para adaptarlas a las leyes urbanísticas actuales y para eliminar algunos elementos “interpretables” y algunas “deficiencias” detectadas en el documento urbanístico. En la defensa de la propuesta que se llevó a pleno, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, afirmó que este cambio contribuirá a conocer de “manera exhaustiva” la situación de los inmuebles del centro y, de este modo, clarificar y facilitar las actuaciones de rehabilitación que pretendan acometerse por parte de los propietarios.

En el vigente PGOU, hay una serie de consideraciones genéricas de obligado cumplimiento que, a juicio de la Delegación de Urbanismo, pueden ser interpretables por lo que puede condicionar la intervención. De este modo, la modificación ayudará a pormenorizar qué elementos deben protegerse y qué tipo de intervenciones pueden realizarse.

Para el edil de Urbanismo, la propuesta llevada al pleno es una nueva medida “de apoyo al centro histórico”. A su entender, esta modificación contribuirá no solo a actualizar el catálogo patrimonial del centro histórico, sino también a “animar a los propietarios a acometer rehabilitaciones”. Acto seguido, sentenció: “Este gobierno ha cambiado el rumbo del centro histórico. Poco a poco va viendo la luz con actuaciones como la agilización de trámites y la eliminación de trabas burocráticas, así como con la ejecución de inversiones en mejoras en el centro”.

En representación de Ciudadanos, el concejal Jesús García incidió en que la propuesta ayudará a dar “seguridad jurídica” a las intervenciones que se realicen en el casco histórico. Por su parte, Raúl Ruiz-Berdejo, de Izquierda Unida, aseguró que este puede ser “un buen instrumento para facilitar a los ciudadanos que tienen fincas en el centro para que las rehabiliten”.

La única voz discordante fue la del edil Ángel Cardiel quien le reprochó al gobierno municipal que no le hubiera tenido en cuenta para abordar los pormenores de esta modificación urbanística. “Solo nos llama cuando le hacen falta los votos de Adelante Andalucía”, le afeó. Incluso, le reprochó al ejecutivo que no le hubieran mandado la documentación de la propuesta para poder analizarla, extremo negado por José Antonio Díaz quien aseguró que se le mandó a través de un correo electrónico.

Un recurso inadmitido contra la modificación del PGOU en Williams & Humbert

Por otro lado, el pleno ha aprobado este jueves también la inadmisión a trámite de un recurso presentado por la firma González Byass contra la aprobación provisional de una modificación del PGOU que se está tramitando en unos terrenos a espaldas de las Bodegas Las Copas, perteneciente a esta firma, y de Williams & Humbert. Precisamente, esta última es la promotora del cambio urbanístico, que pretende desarrollar en estos suelos una ampliación de sus instalaciones.

El sector afectado por la modificación, cuya denominación es Rancho de Raho, tiene una superficie de unos 246.000 metros cuadrados y están catalogados en la actualidad como suelo urbano no consolidado. Sin embargo, ahora se acomete una doble reclasificación para facilitar su desarrollo. Así, por un lado, parte de estos terrenos (unos 101.000 metros cuadrados) se catalogarán como suelo urbano consolidado, que se podrán desarrollar próximamente. Mientras, el resto del enclave (unos 146.000 metros cuadrados) se declara suelo no urbanizable de especial protección dado que por ellos no solo discurre el arroyo de La Loba (que evacua en la laguna de Torrox), sino que se deja fuera de una futura urbanización al ser zona inundable y de riesgo de inundación.

Sin embargo, desde el inicio de la tramitación de este cambio, González Byass ha mostrado su oposición reclamando que se mantengan los actuales parámetros urbanísticos. Por este motivo, y una vez aprobada de manera provisional la propuesta en diciembre del pasado año, presentó un recurso de reposición que no ha sido admitido por el Ayuntamiento (el rechazo contó con la abstención de PP, Ciudadanos, Ganemos y Cardiel). El gobierno alega que este no puede realizarse en este momento de la tramitación, sino que la vía a la que puede optar la firma bodeguera es a través del Juzgado de lo Contencioso.

Precisamente, semanas atrás, la Junta de Andalucía dio su beneplácito ambiental a la propuesta emitiendo una declaración ambiental estratégica favorable.