El gobierno local ha insistido que Antonio Saldaña no puede ser aún portavoz del PP en el Ayuntamiento, y cobrar por ello, ya que el Reglamento Orgánico Municipal no lo permite.

Al inicio del pleno celebrado en la mañana de este jueves, la alcaldesa, Mamen Sánchez, leyó un escrito donde incidía en lo ya apuntado por un informe jurídico elaborado semanas antes por una técnico municipal y que ha sido ratificado por el secretario municipal.

En él, se insiste que la designación de Saldaña como portavoz necesita del apoyo de todos los integrantes del grupo municipal popular, respaldo que no tiene a día de hoy ya que el anterior portavoz, Antonio Montero, no ha firmado el documento. Precisamente, Montero volvió a ausentarse de la sesión celebrada ayer (tampoco acudió a la del mes anterior) aunque lo justificó en motivos laborales.

El PP no comparte esta afirmación ya que sigue considerando que basta con la mayoría de los concejales de su grupo para que se haga efectiva esta designación; no obstante, no pudo intervenir ya que de este asunto se dio cuenta en el apartado de comunicaciones. Por lo tanto, mantiene su empeño de presentar un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso ya que Saldaña sigue sin cobrar por esta responsabilidad.

Esto se produjo en una sesión plenaria que fue una de las más largas del actual mandato que esta se inició a las diez de la mañana y, tras un receso a las tres de la tarde para comer, concluyó entrada la noche.

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por diversos proyectos, como la creación de un sendero fluvial en el entorno del río Guadalete o la paralización de la reurbanización de la calle Corredera y plaza Esteve, marcó buena parte de la sesión.

Sobre este asunto, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, y el líder del PP volvieron a tener un intenso debate sobre el papel de ambas administraciones en este actuación. El edil de Urbanismo volvió a defender la autonomía del Ayuntamiento en esta obra y el PPle recriminó que haya recurrido a la vía contenciosa sin tener en cuenta el daño económico que está suponiendo la paralización de la obra.

Por otro lado, se dio vía libre a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para flexibilizar la normativa en los suelos no urbanizables y, de este modo, facilitar la implantación de actividades económicas.