Una sentencia del Juzgado del Social número 3 de Cádiz ha declarado ilegal la huelga convocada por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) en julio para denunciar el despido de cuatro trabajadores en el astillero de Navantia en Cádiz por considerar que estos paros no respetaron los procedimientos establecidos ni contaban con un acuerdo mayoritario entre los representantes sindicales de las empresas afectadas.

La sentencia, emitida tras el juicio celebrado el pasado 5 de diciembre, ha sido dada a conocer por la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA), que ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial y, además, cree que debe "hacer reflexionar sobre el uso constante de conflictos laborales injustificados y desproporcionados subrayando la importancia de respetar las normativas legales para la convocatoria de huelgas".

La Coordinadora de Trabajadores del Metal, en contra de la opinión del comité de empresa y los sindicatos mayoritarios, decidió convocar paros el pasado verano en el astillero de Cádiz por el despido de cuatro trabajadores en una empresa auxiliar que trabajaba en la factoría gaditana, lo que provocó que varias navieras cancelaran sus contratos de reparación o mantenimiento.

La FEMCA denunció entonces que aquella convocatoria de paros "perjudicaba los intereses económicos" de la Bahía de Cádiz y que se no se había realizado conforme a la norma.

"Mantuvimos desde el principio que la huelga era ilegal, porque la convocaba un sindicato que entonces no tiene representación ni presencia, no se había realizado ninguna asamblea previa, por lo que el comité de huelga decía representar a unos trabajadores que no habían autorizado a ello, y era una huelga contra un despido, lo que se considera una huelga de solidaridad, que no está permitida por la normativa", ha asegurado el presidente de la FEMCA, José Muñoz, en declaraciones enviadas a los medios de comunicación.

FEMCA y la IAN (Industria Auxiliar Naval), al mostrar su satisfacción por la decisión judicial, han insistido en la "necesidad de reflexionar sobre el uso constante de conflictos laborales injustificados y desproporcionados, subrayando la importancia de respetar las normativas legales para la convocatoria de huelgas".